07 Junio 2009 Seguir en 
El 20 de marzo pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió, por decreto y no por ley, crear el Fondo Federal Solidario. Fue una respuesta a los reclamos del campo -a un año del conflicto más agudo entre el Gobierno y el sector rural- por una redistribución para obras de la plata que se les retenía por las exportaciones de granos.
Mediante ese esquema, la Nación constituiría el fondo con un 30% de las sumas que el Estado efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados. La distribución de los fondos es diaria y automática, tal como sucede con la coparticipación federal de impuestos.
Según la planilla elaborada por la Comisión Federal de Impuestos, para este año se preveía una distribución estimada en $ 6.520 millones entre las 24 jurisdicciones nacionales. De acuerdo con ese esquema provisorio, a Tucumán le corresponderían unos $ 300 millones hasta fin de año.
Así, el Poder Ejecutivo se quedaría con $ 20 millones mensuales y los 19 municipios y las 93 comunas rurales con otros $ 10 millones. Todo ese dinero debería ser volcado exclusivamente al gasto de capital, es decir, a la ejecución de obras públicas.
A dos meses de la vigencia del Fondo Federal Solidario, Tucumán recibió menos de la mitad del dinero proyectado por el Gobierno nacional. De acuerdo con los cálculos oficiales, hasta la semana pasada la plata asignada por la Nación de las retenciones a la soja alcanzaron los $ 28 millones. El dinero ya fue redistribuido, de acuerdo con los índices de coparticipación vigentes, tanto a las municipalidades como a las comunas rurales que crearon la cuenta especial para el goteo de los fondos.
Según explican algunos funcionarios consultados por LA GACETA, la menor asignación de fondos responde al hecho de que los exportadores no realizaron fuertes comercializaciones de granos al exterior, como sucedió en los últimos años. "El fondo se nutre de esos ingresos que hasta hace poco no aparecían", confió una calificada fuente del Poder Ejecutivo.
Los recursos extra pueden servir para pasar el tiempo electoral, pero no para convertirse en una fuente real de financiamiento de obras públicas. Nadie sabe qué sucederá con el comercio exterior en este período de crisis global. Sí surgen dos cuestiones sobre el Fondo Solidario y que los gobernadores deben tener en cuenta:
Los recursos son de afectación específica para financiar obras de infraestructura (sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial). Tienen prohibido destinarlos a gastos corrientes.
En el actual contexto de caída del crecimiento de los recursos coparticipables, el principal problema al que se enfrentan las provincias es el pago de sueldos (y del aguinaldo), por lo que esta medida no soluciona necesariamente el frente fiscal.
Mediante ese esquema, la Nación constituiría el fondo con un 30% de las sumas que el Estado efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados. La distribución de los fondos es diaria y automática, tal como sucede con la coparticipación federal de impuestos.
Según la planilla elaborada por la Comisión Federal de Impuestos, para este año se preveía una distribución estimada en $ 6.520 millones entre las 24 jurisdicciones nacionales. De acuerdo con ese esquema provisorio, a Tucumán le corresponderían unos $ 300 millones hasta fin de año.
Así, el Poder Ejecutivo se quedaría con $ 20 millones mensuales y los 19 municipios y las 93 comunas rurales con otros $ 10 millones. Todo ese dinero debería ser volcado exclusivamente al gasto de capital, es decir, a la ejecución de obras públicas.
A dos meses de la vigencia del Fondo Federal Solidario, Tucumán recibió menos de la mitad del dinero proyectado por el Gobierno nacional. De acuerdo con los cálculos oficiales, hasta la semana pasada la plata asignada por la Nación de las retenciones a la soja alcanzaron los $ 28 millones. El dinero ya fue redistribuido, de acuerdo con los índices de coparticipación vigentes, tanto a las municipalidades como a las comunas rurales que crearon la cuenta especial para el goteo de los fondos.
Según explican algunos funcionarios consultados por LA GACETA, la menor asignación de fondos responde al hecho de que los exportadores no realizaron fuertes comercializaciones de granos al exterior, como sucedió en los últimos años. "El fondo se nutre de esos ingresos que hasta hace poco no aparecían", confió una calificada fuente del Poder Ejecutivo.
Los recursos extra pueden servir para pasar el tiempo electoral, pero no para convertirse en una fuente real de financiamiento de obras públicas. Nadie sabe qué sucederá con el comercio exterior en este período de crisis global. Sí surgen dos cuestiones sobre el Fondo Solidario y que los gobernadores deben tener en cuenta:
Los recursos son de afectación específica para financiar obras de infraestructura (sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial). Tienen prohibido destinarlos a gastos corrientes.
En el actual contexto de caída del crecimiento de los recursos coparticipables, el principal problema al que se enfrentan las provincias es el pago de sueldos (y del aguinaldo), por lo que esta medida no soluciona necesariamente el frente fiscal.










