El reparto no es equitativo

En medio de la crisis global, las provincias tienen una preocupación adicional que se suma a las cuestiones electorales. Los fondos por coparticipación están creciendo menos de lo presupuestado por el Gobierno nacional. Sin embargo, al sostenerse el esquema de reparto, se amplían las asimetrías: el Estado Nacional se queda con el 67% de los recursos que ingresan por la recaudación federal. La distribución es menos equitativa de lo que fue hace dos décadas cuando las provincias recibían cerca del 43,5% de la recaudación.
La creación de impuestos de emergencia o provisorios, como los derechos de exportación o al Cheque ampliaron la brecha fiscal. Pese a que la administración de la presidenta Cristina de Kirchner decidió redistribuir el 30% de las retenciones a las 24 jurisdicciones del país, ese dinero no llega a compensar la histórica pérdida de $ 18.000 millones que los gobernadores resignaron en los últimos seis años. Por eso hay mandatarios que, para alcanzar cierta autonomía fiscal, decidieron afianzar sus políticas tributarias.

La torta y el juego fiscal
Son tiempos difíciles, de crisis económica y financiera. Pero también lo son para los tiempos electorales. El Gobierno nacional se juega el liderazgo el próximo domingo 28, pero no resigna la porción de la torta para que la distribución de los recursos coparticipables sea más equitativo.  El Poder Ejecutivo Nacional se queda con casi el 67% de la recaudación fiscal federal y las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires sólo reciben el 33% restante, menos del piso acordado por cláusulas constitucionales.
En este juego fiscal, sólo los mandatarios de las provincias grandes (Santa Fe o Córdoba, por caso) se animan a reclamarle a la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una mejor redistribución del ingreso fiscal. En Tucumán, si bien el gobernador José Alperovich reconoce una merma mensual de $ 30 millones en la coparticipación, no está dispuesto a sumarse al debate por el reparto del dinero. La estrategia oficial pasa por fortalecer los ingresos que obtiene la Dirección de Rentas. La meta sigue siendo unos $ 100 millones mensuales, con lo que le garantizaría al Gobierno cierta autonomía financiera respecto de la Casa Rosada. "No es un año para aumentar impuestos", advierte el economista cordobés, Nadín Argañaraz. "En la Argentina se perdió la oportunidad histórica (en 2006) para discutir una nueva coparticipación", indica a LA GACETA el analista Guillermo Giussi.