La recomposición acrecienta el problema de los trabajadores informales

Para fines de enero de este año y acorde a como se venía desenvolviendo la etapa poscrisis de 2001, se habían abierto expectativas para un debate salarial, atento al estado de casi congelamiento de los ingresos. Para entonces, una opinión muy destacada, la del asesor de la CGT y ahora diputado Héctor Recalde, auguraba una "muy racional" discusión salarial, siempre que se dé como condición previa que los empresarios hagan el esfuerzo que les corresponde para contener sus propios precios.
La razonabilidad de un incremento salarial estaba planteada entre otros fundamentos, porque las empresas habían acumulado altos márgenes de rentabilidad. En buena parte de las industrias el costo laboral era un 37% más bajo que en 2001. Por demás, resultaba necesario achicar el desigual reparto de la riqueza, buscando con ello ir recuperando el poder adquisitivo de los sectores de más bajos recursos. Finalmente, y considerando que cerca del 85% de la evolución del PBI dependía del mercado interno, se sostenía que la mejora de los ingresos de los trabajadores provocaría un incremento del consumo. Es decir, se esperaba que el mayor dinamismo de la demanda traccionará la economía consolidando elevados niveles de crecimiento en la segunda mitad del año. Todo ello, siempre que los empresarios no trasladaren a los precios estos incrementos, generando con ello una mayor inflación.
Iniciadas las negociaciones paritarias, en menos de dos meses el tema fue dominado por el Gobierno. Para fines de abril más del 80% de los trabajadores en blanco o registrados habían arreglado sus salarios. De las pretensiones por un incremento que oscilaba entre el 25% al 40%, uno de los primeros gremios en acordar fue el de los camioneros, que en los primeros días de abril aceptaron el 19% y que a posteriori sería prácticamente el tope sobre el que acordarían los restantes sindicatos. Prácticamente la última ronda de grandes paritarias se produjo con la Unión Obrera Metalúrgica, que al 20 de junio acuerda una elevación del salario en un 19% hasta febrero de 2007.
Los objetivos trazados por el Gobierno se habían cumplido ya que se limitó la conflictividad sindical, ofreciéndose una mayor certeza a las empresas sobre el costo de mano de obra en lo que resta de 2006.Cerrada la parte de negociaciones más importantes, ahora el Gobierno se ha avocado a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, creado por el artículo 135 de la ley 24.013 (año 1991). Este Consejo en realidad pocas veces fue convocado desde su creación, ya que en la mayoría de los casos, los incrementos se dieron directamente por decreto del PEN. Se pretende con ello elevar el salario mínimo (garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional). Es decir, se procura aumentar el "piso mínimo" de todo salario "en blanco" que desde julio de 2005 hasta hoy es de $ 630. La medida servirá para extender los beneficios de las paritarias salariales, que solo rigen a un sector de los asalariados, ya que han quedado fuera de las discusiones los asalariados informales (denominados "en negro") y los formales fuera de convenio.
Las partes ya han fijado posición sobre este incremento. Por una lado los empresarios sostienen su preocupación con la convocatoria, ya que a su criterio el Gobierno tendría que encapsular la discusión salarial, por lo menos hasta el año que viene, ya que una suba como se pretende a $ 850, implicaría más de un 30% de aumento, lo que iría en contra de las pauta del 19% fijada por el propio Gobierno como suba de referencia en los distintos convenios colectivos que se actualizaron en los últimos tres meses. A su vez, la CGT pidió un salario mínimo de $ 857, que entienden es equivalente a la línea de pobreza.
Lo mas probable es que si no hay cambios de último momento, el Consejo del Salario lleve el salario mínimo a un monto cercano a los $ 800 a fin de evitar la reapertura de las discusiones paritarias.
Finalmente, las discusiones solo abarcan el sector de trabajadores registrados. Aquellos "en negro" seguirán marginados, sin beneficio social alguno, aceptando el monto y el modo en que su empleador decida abonar sus salarios. Si bien resultaba necesario y se ha producido el postergado reajuste salarial, un gran sector de mano de obra productiva no se verá beneficiada en modo alguno con ello. Esta, sin lugar a dudas, aún sigue siendo la gran deuda pendiente del estado.