"El IPC vigente, además de incluir productos con precios regulados, como todo índice, es una estimación basada en un conjunto limitado de bienes y servicios, que representan el consumo de una familia tipo del Gran Buenos Aires (GBA), con base en 1999. Por tanto, todo aquel grupo familiar que no se sienta identificado con esta canasta es posible que tome como referencia el nivel de precios de otros productos y servicios que afectan en forma más significativa su ingreso. De allí que la percepción diferirá según el nivel de ingreso y los hábitos de consumo", explicó Nuti a LA GACETA.
La economista afirmó que en algunas regiones del interior, donde existen marcadas diferencias estacionales de empleo, mayor informalidad e inestabilidad en el puesto, se producen cambios más oscilantes en el consumo. "Si, además, existe menor posibilidad de acceder a grandes formatos comerciales, donde la competencia favorece cierta puja de precios, se limita la oferta disponible lo que hace sentir al consumidor más vulnerable", sostuvo.
A nivel agregado, de acuerdo con relevamientos mensuales, en enero el 56,4% de los consumidores esperaba que los precios siguiesen subiendo, y en junio ese porcentaje se elevó a 59,3%, a pesar de que el IPC se desaceleró, remarcó la especialista.
Asimismo, comentó que, en cuanto al ingreso familiar, en enero el 11,5% expresaba haber tenido un aumento en los últimos tres meses, un 10,7% una baja y el 77,8% no había tenido cambios. Y dijo que la situación en junio era 11,8%, 10,2% y 78% respectivamente.
"La confianza de las familias (Indice de Confianza de Familias, ICF) en los relevamientos efectuados en Tucumán se ubicó en 40,8%, valor idéntico a la media nacional, pero si observamos la evolución del semestre, mostró un crecimiento del 1,2%, frente al 4,6% que se observó en el agregado", subrayó Nuti.
La economista dijo que esta diferencia se explica porque Tucumán arrancó el año con valores de consumo superiores al promedio y luego fue manteniendo en forma relativamente estable las expectativas, que alcanzaron su máximo en mayo, descendiendo en junio. "La suba del consumo durante el semestre se vio compensada por una disminución del ahorro presente, situación que fue muy marcada", manifestó.
La economista aseveró que no cabría esperar cambios importantes al respecto, pero dijo que es posible que se produzca alguna desaceleración de las expectativas que se hayan basado en circunstancias únicamente regionales, si los efectos esperados no se perciben en el corto plazo.
"Con respecto a la política del Gobierno para combatir la inflación (de acuerdo de precios), la gran preocupación es el día después del control. Sería un gran error extender la cantidad de productos regulados, porque se terminaría por confundir aún más la relación de precios existentes, el valor de un producto en relación a otro. Sin un sistema de precios relativos las decisiones de producción e inversión se distorsionan", enfatizó.
Finalmente, aseveró que sólo por medio de la formulación de políticas públicas que superen el muy corto plazo ("y no con amenazas", advirtió) es posible disminuir la incertidumbre. "Y no es poca cosa la incertidumbre, porque genera, y con razón, conductas especulativas que chocan con la desaceleración de la inflación", concluyó.
El Gobierno nacional aplicó sólo un parche
"Entre la suba de precios, la carga impositiva, los servicios y los costos laborales, estamos perdiendo rentabilidad, porque los ajustes que podemos hacer son reducidos ya que, sino, nos quedamos fuera del mercado", sintetizó Guillermo Saccomani, presidente de la Cámara de Supermercadistas de Tucumán.
"Hoy operamos con un margen muy chico y, en muchos casos, sin cubrir los costos de reposición", señaló, y dijo que, como al Estado le conviene que las empresas sean rentables, para que puedan cumplir con las metas fiscales y demandar más mano de obra, "debería cambiar el actual sistema impositivo y reducir los costos laborales", planteó. El empresario, por otra parte, reconoció la importancia que tuvo la medida nacional de contener la escala de precios, pero dijo que "sólo es un parche, no es suficiente y debería implementar una solución global, concertando con toda la cadena comercial".
Piden una ley para controlar los precios
"Los consumidores somos los que más sufrimos el aumento dela inflación, porque vemos que los empresarios son poco solidarios con la gente, no encontramos predisposición a ser sensibles con la crisis que vivimos", opinó José García, presidente de la asociación de ONG de Tucumán, que realizan un fuerte control de precios.
"En los últimos 10 años hicieron mucha plata; en la época del Bocade (bonos provinciales) los precios estuvieron por las nubes, pero cuando esos papeles desaparecieron, los empresarios nunca adecuaron sus precios", criticó con firmeza. "Por eso, entendemos que en Tucumán hace falta una ley que regule los precios, con fuertes sanciones para los empresarios que se abusan de la gente", propuso García.
El dirigente se refirió a los acuerdos de precios que el Gobierno nacional firmó con distintos sectores empresarios, una medida que consideró fuerte, pero que ahora debe mejorarse.
