23 Julio 2006 Seguir en 
En 2002, la Argentina abandonó más de 10 años de paridad entre el peso y el dólar, y el término "inflación" volvió a instalarse en nuestro país, y hoy representa una carga pesada para los sectores de la economía, fundamentamente para las empresas y los asalariados. Desde ese año hasta 2005, el costo de vida sufrió un incremento del 63,1% (82,3% el mayorista), según la información oficial. En un principio, el Gobierno de Néstor Kirchner argumentaba que la suba sostenida de precios respondía a un reacomodamiento natural de precios relativos, producto de la devaluación ocurrida en enero de 2002. Pero en el último año, comenzó a deslindar responsabilidades en los representantes de la cadena de consumo, es decir, en las empresas, las industrias y el campo; los supuestos "culpables" de que la inflación alcanzara en 2005 el 12,3%, porcentual que duplicó al de los dos años anteriores. Para lo que resta del año, la tasa se ubicará alrededor del 11%, menor a las proyecciones iniciales, muchas de las cuales llegaban al 13%.
Sin embargo, los empresarios y la población en general tienen la sensación de que los índices inflacionarios no se corresponden con los aumentos de precios, que, a su entender, son muy superiores a los datos estadísticos. La economista Susana Nuti, directora de la Fundación Mercado, sostiene que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) vigente, además de incluir productos con precios regulados, como todo índice, es una estimación basada en un conjunto limitado de bienes y servicios, que representan el consumo de una familia tipo del Gran Buenos Aires (GBA), con base en 1999.
Una duda permanente en la sociedad es si la política oficial para mantener la inflación dentro de los límites razonables es la adecuada. El economista de FIEL, Abel Viglione, asegura que en la Argentina todavía no se llegó al "control de precios" por parte de las autoridades, aunque no descartó la posibilidad que se implemente en el futuro. "Los acuerdos de precios sirven cuando el diagnóstico de la inflación es por un problema de expectativas, en otro caso son inservibles. Si el diagnóstico no es el correcto, la medicina que se tome no ayudará a la cura, y creo que este es el caso que está aconteciendo", subrayó el experto. En esta línea, Nuti opina que la gran preocupación "es el día después" de los acuerdos. "Sería un gran error extender la cantidad de productos regulados, porque se terminaría por confundir aún más la relación de precios existentes, el valor de un producto en relación a otro. Sin un sistema de precios relativos las decisiones de producción e inversión se distorsionan", destacó.
Un temor velado entre la población es la posibilidad de que la inflación se descontrole. Por lo pronto, el Banco Central proyectó que para los próximos meses se prevé que continúe la desaceleración de los datos minoristas. Según Viglione, el IPC resultará igual o algo inferir al de 2005. "No existe peligro de una hiperinflación o inflación alta y estable como en las décadas del 70 y el 80. La situación fiscal (ahorro público) es el ancla para que los precios no se disparen", apuntó. El economista de FIEL considera que un factor en contra es que los precios de la energía están totalmente distorsionados respecto de sus valores económicos. "Su corrección provocaría una suba del IPC en el mes en que se instrumente el ajuste, pero no una escalada sostenida de aumento de precios", añadió. Mientras desde las empresas se asegura que la inflación es un lastre que sólo reduce los márgenes de rentabilidad, el sector laboral pugna por recuperar el poder adquisitivo que pierde cuando suben los precios.
A instancias de la CGT, el gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para el próximo jueves, con el objetivo de discutir un incremento del sueldo mínimo, que actualmente se ubica en $ 630. La CGT pretende llevarlo a $ 854. Existe coincidencia generalizada de que el mejor control de la inflación está directamente vinculado a una ejecución presupuestaria eficiente, con un gasto público acotado. Algo difícil de lograr -en principio- ante una inminente etapa electoral en todo el país.
Sin embargo, los empresarios y la población en general tienen la sensación de que los índices inflacionarios no se corresponden con los aumentos de precios, que, a su entender, son muy superiores a los datos estadísticos. La economista Susana Nuti, directora de la Fundación Mercado, sostiene que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) vigente, además de incluir productos con precios regulados, como todo índice, es una estimación basada en un conjunto limitado de bienes y servicios, que representan el consumo de una familia tipo del Gran Buenos Aires (GBA), con base en 1999.
Una duda permanente en la sociedad es si la política oficial para mantener la inflación dentro de los límites razonables es la adecuada. El economista de FIEL, Abel Viglione, asegura que en la Argentina todavía no se llegó al "control de precios" por parte de las autoridades, aunque no descartó la posibilidad que se implemente en el futuro. "Los acuerdos de precios sirven cuando el diagnóstico de la inflación es por un problema de expectativas, en otro caso son inservibles. Si el diagnóstico no es el correcto, la medicina que se tome no ayudará a la cura, y creo que este es el caso que está aconteciendo", subrayó el experto. En esta línea, Nuti opina que la gran preocupación "es el día después" de los acuerdos. "Sería un gran error extender la cantidad de productos regulados, porque se terminaría por confundir aún más la relación de precios existentes, el valor de un producto en relación a otro. Sin un sistema de precios relativos las decisiones de producción e inversión se distorsionan", destacó.
Un temor velado entre la población es la posibilidad de que la inflación se descontrole. Por lo pronto, el Banco Central proyectó que para los próximos meses se prevé que continúe la desaceleración de los datos minoristas. Según Viglione, el IPC resultará igual o algo inferir al de 2005. "No existe peligro de una hiperinflación o inflación alta y estable como en las décadas del 70 y el 80. La situación fiscal (ahorro público) es el ancla para que los precios no se disparen", apuntó. El economista de FIEL considera que un factor en contra es que los precios de la energía están totalmente distorsionados respecto de sus valores económicos. "Su corrección provocaría una suba del IPC en el mes en que se instrumente el ajuste, pero no una escalada sostenida de aumento de precios", añadió. Mientras desde las empresas se asegura que la inflación es un lastre que sólo reduce los márgenes de rentabilidad, el sector laboral pugna por recuperar el poder adquisitivo que pierde cuando suben los precios.
A instancias de la CGT, el gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para el próximo jueves, con el objetivo de discutir un incremento del sueldo mínimo, que actualmente se ubica en $ 630. La CGT pretende llevarlo a $ 854. Existe coincidencia generalizada de que el mejor control de la inflación está directamente vinculado a una ejecución presupuestaria eficiente, con un gasto público acotado. Algo difícil de lograr -en principio- ante una inminente etapa electoral en todo el país.








