-¿Por qué las provincias tienen más complicaciones que la Nación en el manejo de la deuda?
-La Nación está viviendo una holgura fiscal producto del cobro de algunos impuestos que no se coparticipan a las provincias y además solucionó el problema de su deuda. Distinto es el caso de las provincias: primero, no tienen para nada solucionado el problema del alto endeudamiento. El segundo motivo que los diferencian es que no gozan de los beneficios de la recaudación de los impuestos extraordinarios que explican el superávit primario nacional. El tercer punto es el impacto de los aumentos salariales en uno y otro Estado. Una suba salarial del 19% a los estatales nacionales disminuye el superávit primario del Gobierno federal en un 2%, mientras que en las provincias se proyecta una baja del 48% de aquel superávit que se destina al pago de la deuda.
-¿Cómo será, entonces, el escenario fiscal para las provincias?
-El peso de sus deudas se sentirá este año y en los dos posteriores; afectará el frente fiscal de las provincias. Hay que tomar en cuenta que el stock de las deudas provinciales, a diferencia del nacional, no sólo no bajó -desde que se desató la crisis-, sino que viene creciendo significativamente porque fueron pesificadas a $ 1,40 más CER. Me parece que cuando estén los números definitivos de este año se observará una drástica reducción del superávit primario y esto puede servir como argumento válido para inducir a la Nación a refinanciar las deudas de las provincias.
Siendo la Nación el principal acreedor, ¿el alto endeudamiento es un elemento de presión política para los gobernadores?
-Si hay soluciones para las provincias, estas tienen que ser generales y no particulares -por afinidad política-. El Gobierno nacional, como principal acreedor de las provincias, tampoco puede estirar demasiado la soga. Los programas de asistencia financiera que hubo, desde 2002, con préstamos para pagar parte de la deuda, tienen que ver con la necesidad del acreedor más que la del deudor. La Nación sabe que, si tensiona mucho la cuerda, esta se puede romper, ya que las provincias no están en condiciones de abonar más de lo que pagan hasta ahora. Sin esos programas (PFO y PAF), las provincias -entre ellas Tucumán- necesariamente entrarían en default (cesación de pagos) con la Nación.
¿La Ley de Responsabilidad Fiscal puede terminar como otros pactos incumplidos?
-De alguna manera, en el primer año de vigencia (2005) se cumplió porque hubo una interpretación lapsa de su articulado. Sin embargo, este año será más difícil de hacerlo. La incógnita pasa por saber si los distritos tendrán la capacidad de sostener el superávit primario o si este desaparecerá. En ese caso, la pregunta será cómo harán para honrar sus compromisos. Sólo así podrá volverse a poner en el tapete la posibilidad de que la Nación se siente a discutir con las provincias una restructuración de la abultada deuda.
La raíz del problema son los incentivos
"La raíz del problema surge desde que el agente que efectúa el gasto es distinto del que recauda". De esta forma define el economista Eduardo Robinson el conflicto que existe entre la Nación y las provincias respecto del gasto. "Es un problema básico de incentivos. Si al final de una cena entre un grupo de amigos la cuenta se divide y todos ponen independientemente de lo que cada uno consumió, el incentivo al pedir el menú caro es más alto que si cada uno paga lo que consume. En este esquema hay algo similar. En la medida que aumenta los recursos que proviene de la Nación, vía coparticipación, el gasto en las provincias tiende a aumentar en forma automática", agrega.
Según explica Robinson, las provincias se endeudaron en la década pasada con garantía de coparticipación. Los niveles de deuda hacia el final de la década eran importantes, y tras la devaluación y la crisis muchas cayeron en default, como Tucumán.
"Ahora, en las actuales circunstancias de ciclo expansivo, pese a la importante recuperación de la recaudación tributaria provinciales, los compromisos financieros derivados de la deuda condicionan los resultados fiscales positivos. Tras la ley de Responsabilidad Fiscal Tributaria, que obliga y pone un límite al endeudamiento de las provincias, muchos Estados se ven en la necesidad de renegociar la deuda que mantienen con su principal acreedor, que es el Estado Nacional. Esto incentiva a que los gobiernos locales busquen ganarse permanentemente la simpatía del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras cosas, por la elevada discrecionalidad que existe en la distribución de los recursos", resalta el experto. Según el economista, el Gobierno nacional no da señales de voluntad para refinanciar el endeudamiento a largo plazo, precisamente, para mantener los incen- tivos a fin de que las administraciones provinciales continúen con las cuentas en caja, además de ser también un medio político para la administración central.
El riesgo de emitir más títulos
La aceleración del debate salarial puso a las provincias entre la espada y la pared. Sin asistencia nacional para cubrir esa mayor erogación y en un hipotético escenario en el que los incrementos de sueldos en el año sean cercanos al 30%, las jurisdicciones deberían buscar financiamiento alternativo para cubrir los vencimientos de intereses de la deuda. A esa conclusión llegaron los expertos de la consultora abeceb.com.
Los economistas consideran que frente a esos aumentos salariales, las provincias dejarían de tener superávit. De hecho, plantea que sólo tomando como base la suba promedio del 20%, el superávit primario provincial alcanzaría a $ 2.600 millones este año, lo que significaría una drástica merma del 41% respecto de 2005.
Hasta el año pasado, las provincias venían pagando los intereses de la deuda con ingresos propios de su recaudación y con transferencias nacionales. Sin embargo, no parece descabellado pensar que, ante el riesgo de que las cuentas no cierren, las provincias apelen a la colocación de deuda, es decir, volver a encender la máquina para emitir títulos públicos.
