Salvo contadas excepciones (San Luis, La Pampa y Santa Cruz, por caso), el restos de las jurisdicciones argentinas apeló a la mano salvadora de la administración nacional para no caer en una total cesación de pagos (default). Así hubo préstamos federales para sacar de circulación las cuasimonedas. También para atender los desfases financieros desde 2002 y hasta este año. E, incluso, la Nación respaldó la emisión de un bono (Bogar 2018) para canjear los títulos públicos emitidos por las provincias y por los municipios. Párrafo aparte son los fondos que se distribuyen en el interior del país para obras públicas que, en muchos casos, dependen del grado de afinidad del gobernador con la Casa Rosada. De una u otra manera, las provincias fueron acumulando deudas en favor de un acreedor privilegiado: el Gobierno nacional. Precisamente fue la Nación la que se hizo cargo de evitar la caída en default de las provincias y, actualmente, tiene a su favor el 67% del stock de la deuda de las 24 jurisdicciones argentinas, es decir, cuatro veces y media más de la incidencia que poseía antes de la devaluación.
Hasta el año pasado, muy pocos gobernadores y ministros de Economía provinciales habían puesto reparos a este esquema de concentración de deudas. Sin embargo, desde que se abrieron las discusiones salariales, los distritos del interior comenzaron a tener inconvenientes en las cuentas públicas. El cóctel resultó peligroso. Creció el gasto y, por ende, el endeudamiento. En consecuencia, los distritos están al borde de incumplir -una vez más- otro acuerdo bilateral: la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto y la deuda. Hoy, sólo se conforman con sostener un equilibrio fiscal, que tal vez sea cumplido este año, pero en 2007 las cuentas públicas pueden tener contratiempos.
Ante ese escenario, hace algunas semanas, el ministro de Economía de Buenos Aires, Gerardo Otero, llegó a sugerirle a la titular del Palacio de Hacienda, Felisa Miceli, que la Nación analice un esquema más flexible para que las provincias puedan refinanciar sus deudas con la Nación a un plazo estimado de 20 años. La respuesta de Miceli fue negativa. Es que el Gobierno nacional no está dispuesto a prescindir de una herramienta de poder político.
El "plan B" de las provincias está en marcha. Ahora, los distritos del interior volverán a insistir con una suerte de perdón fiscal, de tal modo que no haya sanciones para casos de incumplimientos en las metas del Régimen de Responsabilidad Fiscal. Una de las alternativas que se sugerirá a Miceli es que contemple la posibilidad de que sólo se tome en cuenta la mitad de las subas salariales a los estatales como incremento genuino del gasto provincial y que la otra mitad -al tratarse de aumentos al sector educativo- tenga un tratamiento especial, una excepción a la regla contemplada en la propia ley. El mal menor, según anticiparon a LA GACETA funcionarios que participan de la cumbre Nación-provincias, es que el Gobierno federal deje de indexar la deuda vieja. Desde el Palacio de Hacienda dejaron en claro que no se hablará de reestructuración global de la deuda a largo plazo, mucho menos de tocar el régimen de reparto de los fondos coparticipables. Frente a esta férrea postura, a los gobernadores no le quedará otro camino que negociar con la Nación, año tras año, otro préstamo para pagarle, paradójicamente, la deuda.
Antes de la crisis de fines de 2001
$ 29.970,5 millones representaba el stock de las deudas provinciales de las 24 jurisdicciones argentinas a diciembre de 2001, cuando se desató la crisis socioeconómica.
1 a 1 era en ese momento la paridad cambiaria del dólar respecto del peso argentino.
15% del total de la deuda constituía el compromiso asumido por las provincias con el Gobierno Nacional.
$ 1.276 millones era la deuda pública de Tucumán a ese año.
Las obligaciones del presente
$ 75.245,3 millones se registraba como total de la deuda de los 24 distritos del país a junio de 2005, el último dato del Ministerio de Economía de la Nación.
$ 1,40 mas CER se reconvirtió, en la mayoría de los casos, la deuda conjunta de las provincias por efecto de la devaluación.
67% del total de la deuda tiene como acreedor a la Nación, que se hizo cargo de canje de títulos y de otorgar préstamos a las provincias.
$ 3.061 millones constituía a ese momento la deuda tucumana.
Un crudo panorama para Tucumán
Alrededor de $ 1.157 millones (casi un tercio del total del endeudamiento actual) deberá destinar el Gobierno de Tucumán para honrar los compromisos asumidos con sus acreedores hasta 2008. Poco más del 75% de esa suma (unos $ 875 millones) será descontada de la coparticipación federal que recibe la provincia, en favor del Gobierno nacional. Ese simple dato sobre los servicios de la deuda pública provincial explica el grado de incidencia, fiscal y política, que tiene la Nación sobre Tucumán. Hasta el 31 de marzo pasado, la deuda consolidada de la provincia (no toma en cuenta el endeudamiento flotante) alcanzaba los $ 3.140 millones, de los cuales unos $ 2.400 millones correspondían a compromisos asumidos con el Gobierno nacional.
De no mediar una reestructuración a mediano plazo de los vencimientos del pasivo, a la provincia se le vislumbra un crudo panorama financiero, más allá de que hoy el Poder Ejecutivo, según afirma, cuente con un ahorro fiscal de $ 120 millones. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, no cree que haya un perdón federal a las deudas provinciales con una extensión de los plazos más allá de los 10 años. En todo caso, ante la consulta de LA GACETA, Jiménez dijo que se sostendrá el esquema de otorgar préstamos, mediante acuerdos bilaterales, para abonar parte de la deuda, aunque sin la aplicación del CER. "Es cierto que la falta de una reestructuración global de la deuda constituye una suerte de espada de Damocles para las provincias, pero hasta ahora la Nación no ha dado señales de atender esa vieja aspiración", puntualizó el ministro. Jiménez acotó que el Ministerio de Economía de la Nación hoy está más preocupado por resolver cuestiones fiscales del pasado con los distritos del interior. En ese contexto ingresa una suerte de compensación de deudas y de créditos, que actualmente está en debate y que implicaría blanquear la situación de unos $ 5.000 millones, tanto por compromisos no cumplidos por la Nación como por las provincias. De ese total, según calculó Jiménez, Tucumán tendría un saldo a favor de $ 30 millones.
¿Cómo se compensarían esas deudas? La Nación planteó la emisión de un título público nacional, a un plazo de 15 años, que será entregado a aquella provincia que registre montos a favor en la compensación. Si es la administración federal la favorecida por ese esquema de saneo de balances, le daría al distrito deudor la posibilidad de refinanciar sólo ese monto a largo plazo.
"Esperemos que esto no sea sólo un veranito"
El "ruido" en la economía contrae la inversión. En Tucumán, el ruido podría traducirse con un cambio en la situación financiera de la provincia, a partir de los vencimientos de deuda que se deberá afrontar en pocos meses.
"Los empresarios que realizan estudios sobre inversiones tienen en cuenta la seguridad jurídica, pero también la consistencia del superávit fiscal de la provincia que evalúan", señaló el presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Héctor Ledesma.
Recordó que los ciclos económicos del país, con etapas de expansión y de contracción de la economía, dejaron una huella indeleble en los empresarios. "Las experiencias no han sido buenas en general. En gran medida, los ciclos buenos de la economía no nos ayudaron mucho, porque suelen terminar en ciclos malos, que son muy perjudiciales. Esperemos que esto que se vive en Tucumán no sea solamente un veranito", precisó Ledesma.
El titular de la UIT consideró que no hay un trabajo mancomunado entre el Estado y el sector privado para consensuar una estrategia que permita aprovechar al máximo el buen contexto general de la economía. "No puede ser que no se logre una concertación general para consolidar el futuro del país. En la actual situación, ocurre que las dudas sobre la solidez del sistema económico reaparecen y eso obliga a replantear los esquemas de inversión", concluyó el empresario.
Quejas por la presión impositiva
"La premura del Gobierno de sancionar un Código Tributario tan coercitivo como el vigente tiene que ver con una previsibilidad de que habrá que sacar plata de cualquier lado para pagar sueldos y para afrontar vencimientos de la deuda que se vienen".
Contundente, el presidente de la FET, Humberto Sánchez, consideró que la elevada presión fiscal en la provincia desalienta inversiones internas y externas. "Sin dudas en el Gobierno sabían sobre los vencimientos de la deuda, y por esto tanto apuro en asegurarse nuevos recursos", apuntó.
"Acá no tenemos seguridad jurídica ni políticas de Estado serias; se hace demagogia con la economía, porque es muy loable que un enfermo disponga de un avión sanitario para viajar con premura, pero bien vendrían $ 18 millones para promover la producción", subrayó Sánchez.
