Deudas provinciales: hay riesgo de caer en el incumplimiento

Tras un período signado por la bonanza fiscal, que se constituyó en una suerte de burbuja, las provincias asumieron que, más allá de haber acumulado ahorros, éstos comienzan a agotarse, no sólo por la atención de los reclamos salariales de los estatales, sino por un problema más profundo: el peso de arrastrar un elevado endeudamiento que, en muchos casos se asemeja a una gran bola de nieve, ya que llegó a triplicarse desde la devaluación de 2002.
El paulatino incremento del gasto público y, por ende, de la deuda, sumado a la alta concentración de vencimientos de compromisos de pagos, pone a los gobernadores entre la espada y la pared y ante la condena de que sus distritos incumplan las metas establecidas por el Régimen de Responsabilidad Fiscal que, precisamente, pone límites a las erogaciones. Frente a este panorama, hubo ministros de Economía provinciales que plantearon a la titular del Palacio de Hacienda, Felisa Miceli, la necesidad de reestructuración de los pasivos, al tratarse la Nación de un acreedor privilegiado de las provincias. Hasta el año pasado, la administración federal concentraba el 67% del total de compromisos asumidos por las jurisdicciones del interior, una incidencia superior en cuatro veces a la existente a fines de 2001, cuando estalló la crisis en el país.
Esa relación fiscal entre la Nación y las provincias, pone a estas últimas ante una suerte de dependencia política. Esta idea es reforzada por Gabriela Pousa, master en Economía y analista política. "De una relación entre iguales se pasa a una relación de dependencia donde los favores tienen precio y cotiza alto el aplauso en cualquier acto presidencial", dice.Hace pocos días, Miceli dio a conocer la decisión política nacional: no se estirarán los plazos de pago de la deuda a largo plazo a las provincias, sino que, por el contrario, mantendrá el esquema de negociación actual, es decir, año tras año. En este aspecto, los planes de financiamiento ordenado constituyeron la tabla de salvación para que muchos distritos no vuelvan a registrar déficit en sus cuentas. Mediante esos programas, la Nación le otorga un préstamo para abonar parte de la deuda. "Sin esos créditos, las provincias necesariamente entrarían en default con la Nación", evalúa el economista Rogelio Frigerio (n), de la consultora Economía & Regiones.
Para este año, la mayoría de las jurisdicciones que adhirieron a la Ley de Responsabilidad Fiscal prevén cerrar el ejercicio con equilibrio fiscal. Ahora, el futuro se les presenta sombrío. Por eso, desde el interior se analiza un "plan B", con el fin de no caer en incumplimientos, reiterando los reclamos de reestructuración de las deudas contraídas con la Nación y, a la vez, que se contemple a los aumentos salariales al sector docente, por fuera del tope de subas del gasto anual.
Según el economista Eduardo Robinson los perdones fiscales a las provincias son recurrentes y, por esa razón, los pactos tienen poca credibilidad. "Se sancionan, pero de antemano se sabe que son difíciles de cumplir", acota. Robinson cree que, planteado un esquema electoral reeleccionista en el país para 2007, lo más probable es que haya perdón para todas las provincias, "con promesas que en el futuro se consolidará el equilibrio fiscal".Más allá de las cuestiones fiscales y políticas, los empresarios son los que están más preocupados por la fuerte suba del gasto público y de la deuda. Desde el sector privado sospechan que la presión tributaria que se ejerce tiene como fin acumular fondos para pagar la deuda, con lo cual se desalienta la inversión.