En Tucumán, 112.000 empleados están en negro

Carlos T. tiene 38 años. Está casado y tiene dos hijos. Se desempeña como distribuidor de bebidas en la región. No lo hace como cuentapropista, sino que está empleado por una empresa, aunque su condición laboral no está registrada.
"Son varios problemas: primero, la inseguridad que significa para mí y mi familia el hecho de no tener la certeza que brinda el trabajo en blanco; mañana me pueden despedir arbitrariamente, y no tendré con qué quejarme. Otro inconveniente es la falta de una obra social y ni hablar de que hace cuatro años que no se me hacen aportes para la jubilación", relata. Carlos también tiene temor ante la posibilidad de que sufra algún accidente en sus viajes, lo cual significaría que debería afrontar los gastos hospitalarios, además de que lo podría dejar imposibilitado para seguir trabajando.
Alberto es joven (tiene 25 años) y es peón de taxi. Recibe un porcentaje de lo que recauda para su patrón, el dueño del vehículo. A veces se lleva $ 40 a su casa, y otras $ 20, para que vivan él y su pareja. Siente que no tiene ni presente ni futuro con este trabajo, pero dice que no encuentra otra salida laboral.
Estos relatos marcan las preocupaciones que tienen los empleados no registrados sobre su situación. El trabajo en negro afecta, con más fuerza, en la franja de personas que va desde los 25 a los 49 años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 55,4% de los asalariados del aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo, no tiene cobertura social, ni se les realiza los aportes para acceder a una jubilación.
Según el director de Estadística, Juan Carlos Abril, en las últimas mediciones se observó una reducción del empleo en negro en Tucumán, aunque la provincia sigue siendo una de las más afectadas del país por este fenómeno laboral. Abril explicó que esta disminución responde a la decisión de algunas empresas de registrar a parte de su personal. De hecho, el año anterior, el empleo formal creció un 11,8% respecto de 2004, lo que representa el blanqueo o la toma de unos 5.369 puestos laborales. Actualmente, en el sector privado tucumano hay 50.100 empleados, según los datos oficiales.
El Gobierno provincial continúa con su política de fiscalización laboral por distintos sectores de la economía. De los operativos participan 35 inspectores de la Secretaría de Trabajo de la provincia, que trabajan en conjunto con los técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con los de la Dirección General de Rentas.
"La situación de Tucumán es parecida a la del resto del país: desgraciadamente sigue existiendo una mala costumbre de no declarar a los trabajadores a partir de la precarización que se observó con la modificación de la legislación laboral", indicó a LA GACETA el secretario de Trabajo, Roberto Jiménez.
El funcionario enfatizó que los controles sobre la condición laboral se profundizaron más en actividades como la construcción y el comercio, donde existiría la mayor cantidad de trabajadores no registrados. Jiménez acotó que en otros sectores, como el citrus o el azucarero, los mismos trabajadores son los que ayudan al Gobierno a combatir el empleo en negro. "En general, en estas actividades no existen tantos inconvenientes, porque los mismos obreros se concientizan sobre la necesidad de blanquear su situación laboral; de otra manera, no podrían gozar de los subsidios interzafra", puntualizó el secretario de Trabajo.

INDICADORES SOCIOECONOMICOS
45,5 % promedio en el pais: es el registro del cuarto trimestre de 2005 sobre la cantidad de empleados no registrados.
6.457 empresas: fueron inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo, que constato la situacion de 19.931 agentes hasta fines de 2005.
70,2% de la fuerza laboral: es la cantidad de asalariados del gran San Miguel de Tucumán; el resto trabaja como cuentapropista.35.000 desocupados: son los que hay en el Gran San Miguel de tucumán, según las mediciones del Indec. Otros 41.000 son subocupados.
55,5 % en Corrientes: es el porcentaje más alto del pais respecto de la cantidad de asalariados que no gozan de beneficios previsionales.
369.000 personas: son las que no pueden reunir los ingresos mínimos mensuales ($ 285,31) para no caer en situación de pobreza.