Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias
Según un informe del CEPA, el listado nacional de medicamentos esenciales pasó de 128 productos a solo seis principios activos, mientras que la cobertura de PAMI se redujo de casi 3.000 a unos 2.000.
Resumen para apurados
- En Argentina, el gobierno de Javier Milei recortó en 2026 los programas Remediar y PAMI para reducir el gasto público, limitando la entrega gratuita de medicamentos esenciales.
- El plan Remediar redujo de 128 a seis sus principios activos y PAMI recortó mil fármacos, mientras los precios treparon muy por encima de la inflación y de las jubilaciones.
- El ajuste traslada el costo financiero a las provincias y aumentará el gasto de bolsillo de las familias, profundizando las desigualdades en el acceso a la salud pública.
El acceso gratuito a los medicamentos sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, a partir de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei a los programas Remediar y PAMI.
Así lo advirtió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que señaló que el ajuste avanzó en distintas etapas y tuvo uno de sus últimos hitos el 15 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Salud nacional redujo de 128 a seis los principios activos incluidos en el listado nacional de medicamentos esenciales para la atención primaria.
El trabajo sostuvo que las medidas afectaron los dos principales instrumentos públicos de acceso gratuito a medicamentos: Remediar, destinado a abastecer a los centros de atención primaria de todo el país, y la cobertura de la obra social de jubilados y pensionados. Según el CEPA, la reducción de prestaciones, beneficiarios y productos disponibles fue progresiva y terminó formalizándose mediante distintas disposiciones oficiales.
Remediar: de 128 a solo seis
Uno de los principales recortes se produjo en el programa Remediar, creado en 2002 para garantizar medicamentos esenciales gratuitos a las personas que se atienden en el sistema público de salud. El mecanismo funciona mediante botiquines que la Nación distribuye en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Llegó a abastecer a unos 8.100 establecimientos y, según datos del Ministerio de Salud, alcanzaba a 19 millones de personas.
El 15 de octubre pasado, una resolución de la cartera sanitaria derogó el listado vigente desde 2021 y lo reemplazó por una nómina de apenas seis principios activos, todos vinculados con enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
La nueva selección dejó afuera medicamentos de uso extendido para el tratamiento de enfermedades crónicas y afecciones frecuentes. Entre ellos figuran la metformina, utilizada para la diabetes; la levotiroxina, para el hipotiroidismo; el salbutamol, indicado para el asma y la EPOC; antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina; fluconazol, loratadina, suplementos de hierro y ácido fólico, además de distintos anticonceptivos.
Según el CEPA, la decisión representa el último paso de un proceso de reducción iniciado en 2024. En ese momento, los botiquines contenían unos 75 productos. Durante el primer semestre de 2026, la cantidad bajó a alrededor de 30 y, desde julio, a entre 22 y 23 medicamentos.
También disminuyó la cantidad de centros de salud abastecidos: de unos 8.100 establecimientos se pasó a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026. En paralelo, los tratamientos dispensados cayeron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una reducción del 62%.
El informe agregó que el presupuesto asignado al programa para 2026, de $36.054 millones, representa una caída real del 72% respecto del ejecutado en 2023.
El impacto, según el estudio, alcanza principalmente a las personas que no tienen obra social ni prepaga, un universo que supera el 44% de la población. También advierte sobre las consecuencias para niños, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres que accedían a anticonceptivos gratuitos. La menor disponibilidad de medicamentos en los centros de atención primaria podría, además, trasladar consultas hacia hospitales de mayor complejidad y aumentar el gasto de bolsillo de las familias.
El costo del ajuste, a las provincias
Otro de los puntos señalados por el CEPA es el impacto que tendrá la reducción de los envíos nacionales sobre las administraciones provinciales y municipales. La administración libertaria sostuvo que la atención primaria es una competencia provincial y que el nuevo listado tiene carácter orientativo. Sin embargo, el informe advirtió que la responsabilidad de cubrir los medicamentos que dejaron de llegar desde la Nación recaerá sobre las jurisdicciones, con posibilidades muy diferentes según su capacidad fiscal.
Como ejemplos, menciona que Santa Fe destinará $17.675 millones durante 2026 para comprar 195 productos, mientras que Misiones estimó que necesitará unos $800 millones para reponer los medicamentos que ya no recibe del Estado nacional.
El estudio anticipa que esta situación puede profundizar las desigualdades territoriales en el acceso a tratamientos básicos. Además, señala que en enero de 2027 está prevista la implementación plena del traspaso del programa a las provincias.
PAMI: menor cobertura
El segundo eje del informe estuvo centrado en los recortes de la cobertura de medicamentos del PAMI, que alcanza a más de 5,3 millones de personas, en su mayoría mayores de 60 años.
De acuerdo con el CEPA, el ajuste también se desarrolló por etapas desde 2024. En abril de ese año, los medicamentos gratuitos por afiliado pasaron de seis a cinco. En junio se excluyeron 11 moléculas de las 167 que tenían cobertura del 100%, mientras que en agosto se quitaron otras 44, entre antibióticos, corticoides y analgésicos.
En ese mismo período se creó un esquema de medicamentos de uso eventual, con 54 productos que pasaron a tener un descuento del 40%. También se establecieron nuevos requisitos para acceder a la cobertura total, vinculados con los ingresos, la tenencia de una prepaga, propiedades y vehículos.
El resultado fue una reducción del listado de medicamentos cubiertos por la obra social: pasó de casi 3.000 productos a unos 2.000.
El impacto económico también aparece entre los principales indicadores del trabajo. Desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2026, los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron alrededor del 404%. Sin embargo, los valores con cobertura de PAMI, es decir, lo que efectivamente pagan los afiliados, subieron cerca del 638%.
Algunos productos registraron incrementos todavía mayores. El Micardis, utilizado para tratar la hipertensión arterial, aumentó un 850%; el Optamox, un antibiótico a base de amoxicilina, un 844%; y el Atlansil, un antiarrítmico, un 600%.
En el mismo período, la inflación general acumuló alrededor del 351%, mientras que la jubilación mínima con bono, que en octubre de 2026 se ubicó en $505.749, aumentó cerca del 306%.
El informe calcula que el ahorro mensual que representaba la cobertura gratuita de medicamentos, estimado en $84.988 en diciembre de 2024, equivale actualmente a unos $138.500. Ese monto representa el 27% de una jubilación mínima con bono.
A su vez, el estudio cita un relevamiento del Observatorio Social de la UCA y la Sociedad de Gerontología y Geriatría, según el cual el 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos durante 2025. Además, solo el 70% de las personas mayores afiliadas al PAMI utilizó la obra social para comprar medicamentos. El 50% de los encuestados evaluó negativamente la cobertura farmacéutica.
Menos presupuesto para la salud
El CEPA también advierte que los recortes en Remediar y PAMI se inscriben en un ajuste más amplio sobre el presupuesto sanitario. En mayo de 2026, la Decisión Administrativa 20/2026 redujo más de $63.000 millones los fondos del Ministerio de Salud, cuyo presupuesto vigente pasó de $7,4 billones a $6,66 billones.
Entre los programas afectados, el informe identifica una reducción cercana a los $20.000 millones en Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica; $5.000 millones en tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo; $3.195 millones en la Administración Nacional de Establecimientos de Salud; $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable, y $800 millones en la respuesta al VIH, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, la tuberculosis y la lepra.
El trabajo agrega que el recorte presupuestario no se explica únicamente por la falta de fondos: a mediados de mayo, el programa de tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo había ejecutado apenas el 6,2% de su presupuesto, mientras que el de acceso a medicamentos había utilizado alrededor de un tercio.
Como conclusión, el CEPA plantea que el Gobierno nacional desarmó progresivamente los dos principales mecanismos de acceso gratuito a medicamentos: el destinado a quienes no tienen cobertura médica y el que alcanza a jubilados y pensionados. El informe advierte que el costo de esas decisiones recae sobre las familias más vulnerables, las personas mayores y las provincias con menores recursos.
