Resumen para apurados
- Clínicas privadas del país pararán la atención programada a afiliados de PAMI este 21 y 22 de octubre ante la falta de pago y el atraso arancelario frente a la inflación.
- La medida surge tras meses de gestiones infructuosas ante el Gobierno y replica paros previos en Cuyo y la Patagonia debido a un atraso arancelario superior al 100%.
- El conflicto amenaza la atención de casi 6 millones de jubilados y la sustentabilidad del sector privado, que concentra el 56% de las camas de internación en el país.
Clínicas, sanatorios y hospitales privados de Argentina suspenderán durante 48 horas parte de los servicios programados para los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) este miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La medida responde a un conflicto entre los prestadores de salud y las autoridades nacionales por los aranceles médicos, las demoras en los pagos y la falta de respuestas a los reclamos del sector.
La decisión fue anunciada por distintas entidades que representan a las instituciones privadas, que alertaron sobre las dificultades financieras que atraviesan y el impacto que esta situación puede tener en la atención de jubilados y pensionados. El alcance de la suspensión se vincula con las prestaciones programadas, mientras que las organizaciones advierten sobre el riesgo de nuevas restricciones si no se alcanza una solución.
Por qué las clínicas suspenden la atención de PAMI
La medida fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), Salud Federal, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y la agrupación Clínicas de la Patagonia.
Según explicaron las organizaciones, la decisión se tomó después de meses de gestiones sin avances en las conversaciones con las autoridades del PAMI y del Ministerio de Salud de la Nación.
Además, señalaron que sigue sin respuesta un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para discutir la situación económica de los prestadores y las condiciones en las que se brinda atención a los afiliados.
El sector sostiene que el escenario actual compromete la continuidad de los servicios y dificulta que las instituciones puedan afrontar sus obligaciones.
Cuáles son los reclamos de los prestadores privados
Entre los principales pedidos de las entidades figuran la actualización de los aranceles médicos de acuerdo con la evolución de los costos, la regularización de los pagos y una revisión del modelo de atención de PAMI.
De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones, los valores que reciben los prestadores acumulan un atraso de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación durante los últimos dos años.
Los representantes del sector consideran que esta diferencia, sumada a las dificultades económicas y financieras, pone en riesgo la sustentabilidad de clínicas y sanatorios y puede repercutir en la atención de los pacientes.
Otro de los puntos cuestionados es la derivación de contratos hacia hospitales públicos. Las entidades afirman que PAMI comenzó a trasladar prestaciones a esos establecimientos, que ya enfrentan una elevada demanda, mientras disminuye la cantidad de pacientes asignados a instituciones privadas.
Qué servicios podrían verse afectados para los jubilados
Las organizaciones advirtieron que las dificultades del sistema pueden profundizar las limitaciones para acceder a consultas médicas, estudios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas.
Según sus estimaciones, las prestaciones de salud destinadas a casi seis millones de afiliados de PAMI en todo el país ya están condicionadas por las características del modelo de atención y los problemas financieros de los prestadores.
El conflicto también genera preocupación por la estabilidad laboral de quienes trabajan en las instituciones privadas. Por eso, las entidades reclamaron medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que se agraven las restricciones.
Antecedentes: las suspensiones de atención en otras provincias
La disputa entre PAMI y los prestadores privados ya había provocado interrupciones en distintas regiones del país.
A fines de agosto, clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada para afiliados del organismo. La medida alcanzó a casi 300.000 jubilados y pensionados e incluyó consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y las emergencias.
Durante esa misma semana, más de un centenar de clínicas y sanatorios del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también interrumpieron durante 48 horas las prestaciones programadas para los afiliados. A su vez, oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos mantienen restricciones similares.
El peso del sector privado en el sistema de salud argentino
Las entidades remarcaron que las instituciones privadas tienen una participación central en la atención sanitaria del país. Según las cifras difundidas por el sector, representan alrededor del 51% de los establecimientos de salud con internación, con más de 1.600 instituciones, y concentran el 56% de las camas disponibles, equivalentes a más de 120.000.
En este contexto, los prestadores reclamaron una respuesta de las autoridades nacionales que permita regularizar los pagos, actualizar los valores de las prestaciones y garantizar la continuidad de la atención. También plantearon la necesidad de avanzar en una reforma tributaria específica para las instituciones privadas de salud.
