Bullying en Catamarca: la alumna denunciada interpuso un amparo para evitar su expulsión
La estudiante de 18 años presentó una medida cautelar tras la decisión de expulsión del colegio Pía Didoménico. Denuncia vulneración del debido proceso y pide continuar en la división C bajo la modalidad a distancia.
Resumen para apurados
- Una alumna de 18 años presentó un amparo en Catamarca para evitar que el colegio Pía Didoménico la expulse tras ser acusada de cometer bullying durante un viaje de egresados.
- La sanción surgió por videos virales de agresiones en Bariloche. La defensa alega que violaron el debido proceso al notificar a sus padres y no a ella, que es mayor de edad.
- La Justicia local deberá definir si le permite rendir las materias restantes de forma virtual, lo que sentará un precedente sobre derechos de defensa y sanciones escolares.
La joven de 18 años acusada de bullying a su compañera en un viaje de egresados interpuso un recurso de amparo contra la Institución Privada Pía Didoménico, luego de que el colegio decidiera su expulsión y el pase a un nuevo centro educativo. La medida presentada ante la Justicia de Catamarca busca que la estudiante continúe bajo la órbita de la institución en su misma división mediante cursado no presencial, con la posibilidad de rendir las evaluaciones correspondientes y obtener la acreditación final.
La alumna, protagonista de los videos virales en los que contaba las agresiones a su compañera en un viaje a Bariloche, requirió una medida cautelar para evitar su reubicación en otro establecimiento. La acción fue patrocinada por su abogado Marcos Dennet, herramienta que además le permitiría completar el último año de la secundaria a distancia.
El rechazo a la sanción institucional por parte de la joven acusada de Bullying
La presentación judicial realizada a través de su representante legal ataca de nulidad la Disposición Interna 32/2026 del Nivel Secundario del colegio, que se había formalizado a principios de esta semana. Mediante esa resolución, las autoridades del centro educativo ordenaron tramitar el pase escolar compulsivo de la alumna a otra entidad y notificaron la decisión a sus progenitores, invocando la necesidad de resguardar la convivencia escolar según las pautas de la Resolución Ministerial N° 290/2024.
Sin embargo, a través de la vía promovida, la defensa pidió que se declare ilegítima la disposición y se suspenda el trámite de traslado. Además, la medida jurídica busca que la joven pueda continuar como alumna regular de sexto año, división C, hasta el cierre del ciclo lectivo 2026, bajo un esquema virtual o remoto. El planteo también incluye la posibilidad de rendir evaluaciones, recuperatorios y exámenes finales.
Los argumentos de la medida cautelar para evitar la expulsión
El escrito además aclara que a la joven le quedan cinco asignaturas para egresar, por lo que en los pedidos se suma que, en caso de aprobar los espacios curriculares correspondientes, el propio colegio le emita el título secundario.
El eje del reclamo radica en una presunta transgresión a las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio. Según la fundamentación a la que tuvo acceso el medio local Catamarca Ya, la joven remarcó que ya alcanzó la mayoría de edad (18 años), por lo que la notificación cursada exclusivamente a sus padres —quienes firmaron el acta bajo expresa disconformidad— no suple su derecho personal a ser oída ni a presentar un descargo formal.
“La decisión se gestó en reuniones directivas y ministeriales en las que no participé. Se me comunicó a través de mis padres sin citarme previamente, omitiendo que soy ciudadana mayor de edad y plenamente capaz ante la ley”, señala la presentación.
La defensa de la joven argumentó que no se realizó un procedimiento previo ni un trámite ante el Consejo de Convivencia Escolar previsto en la Ley Provincial N° 5402, omitiendo la aplicación de sanciones graduales. Asimismo, remarcó la falta de sustento procesal al señalar que la medida institucional se fundó en la existencia de una denuncia que, hasta el momento, no derivó en una imputación formal ni en citaciones por parte de la Fiscalía especializada.
Las restricciones preventivas que aceptó la defensa en el amparo
Además, la joven argumentó que existe una disparidad de criterio al señalar que otros estudiantes investigados en el mismo entramado —algunos señalados por la difusión inicial de material íntimo de la víctima— recibieron la autorización del colegio para continuar sus estudios en formato virtual, mientras que a ella se le aplicó la desvinculación directa a pocas semanas de la finalización del ciclo lectivo.
Ante este escenario, la acción judicial solicita que se declare la ilegitimidad de la sanción y se le garantice la condición de alumna regular en el sistema no presencial hasta la conclusión del ciclo escolar 2026, asegurando el derecho a rendir las evaluaciones pendientes y obtener su título secundario. En el pedido de medida cautelar urgente (con plazo de resolución solicitado en 48 horas), la joven ofrece asumir formalmente una serie de compromisos preventivos:
