Resumen para apurados
- La Cámara de Apelaciones de Neuquén anuló el 7 de octubre el fallo que restituía a Manu Ginóbili un lote en Villa La Angostura, por graves vicios procesales.
- Ginóbili compró las tierras en 2004 para un proyecto turístico, pero en 2018 la comunidad Lof Paichil Antriao ocupó el predio reclamando derechos ancestrales.
- El tribunal no definió la titularidad del predio ni los reclamos mapuches; ahora un nuevo juez deberá dictar otra sentencia, dilatando la resolución del conflicto.
La disputa judicial por un terreno de Villa La Angostura que enfrenta a Emanuel “Manu” Ginóbili con la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao sumó un nuevo capítulo. La Cámara de Apelaciones de Neuquén anuló la sentencia de primera instancia que ordenaba restituirle al exbasquetbolista la posesión de un predio ubicado en el cerro Belvedere y dispuso que otro magistrado dicte un nuevo fallo.
La decisión, adoptada por mayoría el 7 de octubre, se fundamentó en una serie de defectos sustanciales en la resolución original. Entre ellos, los camaristas señalaron omisiones y contradicciones en el tratamiento de las demandas presentadas por Ginóbili, que impidieron considerar válida la sentencia.
El tribunal no se pronunció sobre el fondo de la controversia ni determinó quién tiene mejor derecho sobre el inmueble. La anulación tampoco implica un reconocimiento de derechos territoriales a favor de la comunidad mapuche ni modifica por sí misma la titularidad registral del terreno.
El fallo fue dictado por la Sala A de la Cámara de Apelaciones 2, integrada por Pablo Furlotti, Manuel Castañón López y Nancy Vielma. La mayoría resolvió devolver el expediente al juzgado de origen para que un magistrado distinto revise el caso y dicte una nueva resolución.
Los errores que llevaron a anular el fallo
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con una de las dos acciones judiciales promovidas por Ginóbili. El exjugador había iniciado en 2007 una acción declarativa de certeza para que se reconociera la validez de su título de propiedad y, en 2019, presentó una acción reivindicatoria con el objetivo de recuperar la posesión del terreno.
Según el camarista Pablo Furlotti, el juez de primera instancia analizó en los fundamentos si el título de Ginóbili era válido, pero omitió incluir una decisión expresa sobre esa cuestión en la parte resolutiva de la sentencia.
Furlotti calificó esa omisión como “el vicio más grave” del fallo. También cuestionó que el magistrado no hubiera examinado oportunamente si la acción declarativa de certeza era admisible, una cuestión que, a su entender, debía haberse abordado al comienzo del proceso.
Otro de los problemas detectados fue una contradicción entre los argumentos utilizados para resolver ambas demandas.
Al analizar la acción declarativa, el juez había señalado que no podía determinar si la comunidad mapuche tenía un mejor derecho sobre las tierras. Sin embargo, al tratar la acción reivindicatoria, concluyó que ese derecho no había sido acreditado porque no se había probado la ocupación ancestral del territorio.
“Ninguna decisión jurisdiccional puede preciarse de válida si se apoya en argumentos que se excluyen entre sí”, sostuvo Furlotti.
La Cámara también cuestionó que la sentencia hubiera ordenado restituir el predio a los “demás ocupantes”, pese a que Ginóbili había desistido de demandarlos antes de que quedara trabada la controversia jurídica.
A eso se sumaron observaciones sobre la situación de cuatro personas —Ernesto Antriao, Amandina Pérez de Chavol, Elma Quiroga y Hugo Muñoz Namuncurá— que se habían presentado como autoridades de la comunidad sin acreditar esa condición, según el análisis del camarista.
Por último, Furlotti advirtió inconsistencias en la imposición de las costas judiciales, ya que la sentencia se refería a la parte “vencida” sin precisar claramente a quién correspondía esa condición.
La postura del camarista que votó en disidencia
El camarista Manuel Castañón López se pronunció en contra de anular la sentencia y propuso que la propia Cámara resolviera la controversia de fondo.
Su postura era confirmar la orden de restitución del terreno respecto de la comunidad mapuche, revocar la condena contra los “demás ocupantes” y declarar que el título de compraventa de Ginóbili constituía “un título perfecto”.
Para fundamentar su posición, Castañón López sostuvo que la comunidad no había acreditado la ocupación tradicional que invocaba sobre el predio. También señaló que el exbasquetbolista había adquirido un inmueble que pasó por manos de particulares, entre ellos su vendedor, José Salamida, mediante operaciones regidas por el derecho privado.
Sin embargo, su propuesta quedó en minoría. La mayoría optó por anular la sentencia y encomendar la elaboración de un nuevo fallo a otro juez, por lo que la disputa sobre la posesión y los derechos invocados por las partes continúa sin una resolución definitiva.
La historia del terreno en disputa
La comunidad Lof Paichil Antriao sostiene que el predio forma parte de su territorio ancestral. De acuerdo con los antecedentes de un peritaje citados en la sentencia, el Estado nacional concedió el lote a José María Paisil e Ignacio Antriao mediante un decreto de 1902 y les otorgó el título de propiedad en 1915.
Con el paso de los años, el terreno fue subdividido y transferido a distintos particulares. Ginóbili lo adquirió el 15 de enero de 2004.
Según el relato del exbasquetbolista incorporado al expediente, el 13 de junio de 2018 un grupo de personas ingresó intempestivamente al predio. A partir de ese episodio, la disputa por la posesión del inmueble se trasladó a los tribunales.
Ginóbili proyecta desarrollar un emprendimiento turístico en el lugar, aunque el conflicto con la comunidad mapuche ha obstaculizado el avance de la iniciativa.
