El gobierno de las Malvinas extendió por cinco años las licencias petroleras y elevó la tensión con la Argentina
La administración de las islas, con respaldo del Reino Unido, prorrogó todas las licencias de hidrocarburos offshore vigentes y dejó abierta la posibilidad de extenderlas por otros dos años.
Resumen para apurados
- La administración de Malvinas extendió por cinco años las licencias petroleras offshore con aval británico, intensificando el conflicto de soberanía con el gobierno argentino.
- La medida surge tras el proyecto de ley de Javier Milei para sancionar a firmas no autorizadas y un fallo judicial contra las petroleras a cargo del proyecto Sea Lion.
- El anuncio escala la tensión bilateral previo al discurso de Milei en la ONU y augura mayores litigios diplomáticos y legales sobre la explotación de recursos en la región.
La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. La administración británica del archipiélago anunció la extensión por cinco años de todas las licencias de hidrocarburos offshore vigentes, con la posibilidad de sumar otros dos años, una decisión que cuenta con el respaldo del Gobierno británico.
El anuncio se produjo en un momento de creciente tensión con la Argentina. El presidente, Javier Milei, avanzó en las últimas semanas con medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en el área y envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en zonas que el país considera bajo su soberanía.
La decisión de las autoridades isleñas también se conoció en la antesala del discurso que Milei brindará este miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. El reclamo por la soberanía de las Malvinas forma parte de la agenda presidencial para su participación en el organismo internacional.
Las nuevas licencias y el avance petrolero
Según informó oficialmente el gobierno de las islas, las licencias se encuentran actualmente en etapa de exploración y la prórroga estará condicionada a que las empresas cumplan satisfactoriamente con sus programas de trabajo.
La administración isleña señaló que durante el nuevo período se elaborarán programas de trabajo ampliados, que podrían incluir la perforación de nuevos pozos de evaluación para determinar con mayor precisión el potencial hidrocarburífero de las áreas.
Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la Asamblea Legislativa de las islas, sostuvo que la extensión permitirá a los operadores continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas. También afirmó que los recursos serán desarrollados bajo estándares internacionales de seguridad y protección ambiental.
El anuncio incluye además una decisión específica sobre PL001, un bloque vecino al área donde se encuentra el proyecto Sea Lion. Las autoridades aprobaron que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65% en ese bloque, mientras que JHI Falkland conservará el 35% restante.
Sea Lion, en el centro de la disputa
El principal foco de conflicto entre Argentina y las empresas petroleras está puesto en Sea Lion, un proyecto ubicado en la cuenca norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
La iniciativa está liderada por "Navitas Petroleum", que posee una participación del 65%, y "Rockhopper Exploration", que controla el 35% restante. Las compañías sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración de las islas y mantienen sus planes de desarrollo del proyecto.
El avance de Sea Lion fue cuestionado por el Gobierno argentino, que considera ilegítimas las autorizaciones otorgadas por las autoridades isleñas. La disputa también llegó a los tribunales argentinos.
El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar trabajos vinculados con el desarrollo del proyecto, incluidos los relacionados con perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la producción.
La resolución fue dictada a partir de una acción preventiva por posible daño ambiental presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas. La propia naturaleza del conflicto plantea dificultades para hacer efectiva la medida fuera de la jurisdicción argentina.
La ofensiva del Gobierno argentino
Mientras la administración de las islas avanza con la extensión de las licencias, el Gobierno de Milei profundizó su estrategia para impedir la explotación de recursos naturales que considera ilegítima.
La Casa Rosada presentó ante el Congreso un proyecto que busca ampliar las sanciones contra empresas, accionistas y otros actores que participen en actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina en áreas reclamadas por el país.
En paralelo, la Justicia argentina abrió distintas actuaciones contra empresas y directivos vinculados con la actividad petrolera en las islas. Entre las compañías alcanzadas por las investigaciones aparecen precisamente Navitas y Rockhopper.
Del otro lado, el Reino Unido sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas y respaldó públicamente a las empresas que operan allí.
La extensión de las licencias agrega así un nuevo elemento a una disputa que combina "soberanía, explotación de recursos naturales, reclamos ambientales y acciones judiciales". Mientras las autoridades de las islas buscan dar continuidad a la actividad exploratoria, el Gobierno argentino intenta impedir que esos proyectos avancen y trasladó el conflicto también al Congreso y a los tribunales.
