El Gobierno denunciará penalmente a la petrolera israelí Navitas por la exploración ilegal en las Islas Malvinas
La presentación judicial se realizará en los tribunales de Comodoro Py. La medida surge tras el pedido de un ministro de Israel para que Benjamín Netanyahu reconozca la soberanía argentina sobre el archipiélago.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino denunciará penalmente en Comodoro Py a la petrolera israelí Navitas por explorar hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización oficial.
- La acusación se basa en la Ley 26.659 por operar con permisos británicos unilaterales, tras el respaldo de un ministro israelí a la soberanía argentina.
- La acción refuerza la defensa de los recursos naturales y se suma a la orden oficial de priorizar el presupuesto militar en el Atlántico Sur hacia 2027.
En una fuerte escalada institucional para frenar la actividad extractiva en el Atlántico Sur, el Gobierno nacional anunció que denunciará penalmente a la petrolera Navitas y a otras compañías asociadas.
La acusación se centra en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, realizadas bajo licencias otorgadas de forma unilateral por el Reino Unido. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Esta decisión llega en un momento de particular tensión diplomática, luego de que Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, instara públicamente a su par Benjamín Netanyahu a dar un giro histórico en la política exterior de su país. “Es territorio argentino ocupado”, exclamó el funcionario israelí a través de sus redes sociales, sumándose al reclamo histórico de nuestro país.
La aplicación de la "Ley Pino Solanas"
La acción judicial alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., además de sus firmas accionistas. El Ejecutivo sostiene que estas empresas operan al margen de la ley argentina, vulnerando específicamente la Ley N.º 26.659. Esta norma, conocida como "Ley Pino Solanas", exige la autorización expresa de la Secretaría de Energía de la Nación para cualquier actividad en la Plataforma Continental Argentina.
Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial, el objetivo de la presentación en Comodoro Py es establecer responsabilidades penales sobre directores, gerentes y administradores de las compañías. "La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, reza el texto oficial distribuido en la red social X.
El foco en el control del Atlántico Sur
En sintonía con la ofensiva judicial, el presidente Javier Milei ya comenzó a delinear una estrategia de defensa nacional a largo plazo. El mandatario firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2027 priorice partidas específicas para el control del territorio austral.
La orden presidencial establece como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos que el Ministerio de Economía deberá incluir en el diseño presupuestario que se presentará en el Congreso el próximo 15 de septiembre. Estas iniciativas buscan fortalecer la capacidad operativa del Estado para “defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”, en un escenario de creciente actividad de empresas extranjeras sin aval nacional.
Los antecedentes legales y la jurisprudencia de 2015
La ofensiva del actual Gobierno se apoya en un andamiaje legal robustecido hace más de una década. La Ley 26.659 fue sancionada en 2011 y reformada en 2013 para endurecer las sanciones, estableciendo penas de hasta 15 años de prisión para quienes extraigan o transporten hidrocarburos en la plataforma continental sin permiso oficial.
El antecedente más directo de una denuncia de esta magnitud se remonta a 2015, cuando la entonces gestión de Cristina Fernández de Kirchner, a través del canciller Héctor Timerman y el ministro Julio De Vido, impulsó una investigación en el Juzgado Federal de Río Grande.
