Los representantes de los tres poderes del Estado se comprometieron a profundizar los estudios con el único propósito de afinar la aplicación del Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia el sábado en todo el país. En las próximas semanas, según confiaron los participantes del encuentro realizado en la Corte Suprema de Justicia, volverán a mantener una reunión.
Después de años de discusión, la ley fue sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ese momento, las provincias debían adecuar su aplicación según sus necesidades y realidades. Por ejemplo, la nueva norma establecía que cada jurisdicción debía contar con un centro de detención para los adolescentes. Tucumán no tuvo problemas en ese aspecto, porque inauguró el centro “Cura Brochero”, en Benjamín Paz.
El encuentro fue encabezado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, y contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, junto a los vocales del alto tribunal; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; la ministra de Educación, Susana Montaldo; y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.
Los temas
Entre otras cuestiones, los representantes de los poderes debatieron:
- Leyes: Acevedo informó que son tres los proyectos de ley que fueron presentados y que se les buscará dar tratamiento cuanto antes. Entre ellos aparece uno presentado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, quien propuso modificar el Código Procesal Penal de la provincia para adecuarlo a la nueva ley.
Las otras dos iniciativas fueron presentadas por los legisladores oficialistas Gerónimo Vargas Aignasse, Adriana del Valle Najar y Maia Vanessa Martínez y Raúl Moreno establecen cómo será el control de la ejecución de las penas de los menores que sean condenados. Según trascendió, en el encuentro del martes, Acevedo se comprometió a que los proyectos sean tratados a la brevedad. “Lo ideal sería que se reúnan y unifiquen la propuesta para que la idea sea superadora”, indicó una fuente del Poder Legislativo.
- Supervisor: se trata de una figura que será clave en la aplicación del Régimen. Es la persona que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las reglas de conducta que hayan sido dictadas por un juez especializado en Niños, Niñas y Adolescentes. Hay dos posturas: que esa responsabilidad quede en manos del Poder Judicial o del Ministerio de Desarrollo Social, aunque no se descarta que pueda quedar en manos de ambos, con atribuciones claramente establecidas.
- Especialización: en el encuentro se habló de la creación de una fiscalía y una defensoría oficial especializadas para que atiendan los expedientes en los que estén involucrados menores y así evitar el colapso del sistema. En principio, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) ya tendría las ternas para cubrir esos cargos.
- Mediación: la ministra de Educación, Susana Montaldo, informó que en su área se está trabajando con el propósito de solucionar los conflictos que se registren en el ámbito de los establecimientos educativos, para evitar que se inicien expedientes en los tribunales.
- Salud mental: Navarro Dávila propuso que en los centros asistenciales haya lugares destinados a que los adolescentes sean tratados de manera ambulatoria o con internación. Según trascendió, los participantes consideraron que esta puede ser una medida clave, ya que el 90% de los menores que están vinculados a hechos ilícitos tienen problemas de consumo.
El próximo paso
Los participantes acordaron analizar algunas situaciones para que, en un próximo encuentro, se avance en las adecuaciones necesarias o se busquen distintas alternativas. También se hará extensiva la invitación a los funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Salud, que no tuvieron participación en esta reunión.
Además, todos coincidieron en que este Régimen debe ser pensado para recuperar y rehabilitar a los menores que cometen un ilícito. “Si pensamos que sólo está pensado para encerrarlos por un tiempo, estamos totalmente equivocados”, indicó Gerónimo Vargas Aignasse.
También hubo un compromiso de buscar soluciones a los problemas teniendo en cuenta la realidad y los recursos con los que cuenta el Estado. “No podemos sancionar leyes o redactar proyectos con letra muerta. Necesitamos brindar soluciones”, reconoció un asistente.
