Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador José Seleme cuestionó al Gobierno provincial por apelar el fallo judicial que ordena normalizar el IPLA tras 26 años de intervención.
- La Justicia ordenó al Ejecutivo designar un directorio en 60 días, pero la Provincia recurrió la medida mientras Seleme impulsa un proyecto para derogar la ley del instituto.
- La disputa judicial y política definirá si el organismo contra el alcoholismo se normaliza institucionalmente, mantiene la intervención o es finalmente eliminado por ley.
La batalla política y judicial por el futuro del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) sumó un nuevo capítulo de tensión. Luego de que el Poder Ejecutivo provincial presentara una apelación contra el fallo que ordenaba poner fin a una intervención de más de 26 años, el legislador José “Pepe” Seleme salió al cruce y ratificó su postura: el organismo no debe ser normalizado, sino directamente eliminado.
Según Seleme, la decisión del Gobierno de recurrir el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo representa un retroceso. “La verdad que no me sorprende. Hace apenas unos días la Justicia fue muy clara. Dijo que no se puede tener un organismo intervenido durante más de 26 años como si eso fuera normal. Lo que era una medida excepcional terminó convirtiéndose en permanente e ilegal. Y ahora, en vez de cumplir ese fallo, el Gobierno decide apelarlo”, resaltó el parlamentario.
Entre la normalización y la eliminación
El conflicto central radica en la naturaleza del organismo. Mientras que la Justicia tucumana exige que el Ejecutivo nombre un directorio y normalice institucionalmente el IPLA en un plazo de 60 días, el proyecto de Seleme busca la derogación de la ley que le da origen. Para el parlamentario, cambiar la conducción no soluciona el problema de fondo.
“Yo voy a seguir defendiendo lo mismo que defendí desde el primer día. El IPLA fracasó. No alcanza con cambiar un interventor por un directorio. Hay que discutir de una vez por todas su cierre definitivo porque ya existen organismos que trabajan en la lucha contra las adicciones. Este es solo un ente recaudador”, sostuvo con dureza.
Críticas a la postura del Ejecutivo
Seleme también aprovechó para cuestionar la coherencia discursiva de la administración provincial respecto al respeto por las instituciones. “¿No habían dicho que iban a respetar las decisiones de la Justicia? ¿En qué quedamos?”, planteó en referencia a las declaraciones previas de funcionarios del Ejecutivo sobre la independencia de poderes.
Hacia el final de su descargo, el legislador insistió en que el Estado debe simplificar su estructura para aliviar la carga sobre los privados. “Los tucumanos no necesitan más burocracia, más apelaciones ni más organismos que viven de los recursos de la gente. Necesitan soluciones. Y la solución es el cierre definitivo del IPLA”, concluyó.
