Con desconcierto, frustración y malestar fue recibido en algunos sectores el veto total que el Poder Ejecutivo (PE) opuso sobre un proyecto de ley que la Legislatura sancionó -por unanimidad- el 30 de julio, para crear un sistema de monitoreo legislativo con el fin de verificar la eficacia y eficiencia de las normas sancionadas. Es la décima ley que se veta en la gestión de Osvaldo Jaldo, lo que despertó críticas de la oposición. Hay sectores, a su vez, que adelantaron que insistirán con la norma, y otros que indicaron que la intención será tratar de avanzar con alternativas similares.
Mediante el Decreto N°1939 /14 (MGyJ), la Casa de Gobierno notificó el jueves a la Legislatura sobre el veto total de una iniciativa que impulsó la comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, que encabeza Carolina Vargas Aignasse, para crear una herramienta de control post legislativo. La determinación fue tomada por el gobernador al considerar que la norma invade funciones del PE, según revelaron fuentes gubernamentales.
El documento lleva las firmas de Jaldo y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y se realizó en base a un dictamen de la Fiscalía de Estado que conduce Gilda Pedicone de Valls. El principal argumento que se esgrimió fue constitucional (artículos 56, 57 y 107). El Ejecutivo sostuvo que el sistema, por su amplitud, podría generar una superposición entre las atribuciones de la Legislatura y las funciones propias del Gobierno de la Provincia. Según el decreto, el proyecto no se limitaba al control político e institucional, sino que incorporaba mecanismos vinculados con la administración, implementación y ejecución de las leyes, facultades que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo.
El Gobierno aclaró que no cuestiona la facultad de la Legislatura para controlar el cumplimiento y el impacto de las normas. Sino que el rechazo se centró en los mecanismos previstos, al considerar que podían afectar la división de poderes. “Si bien el proyecto sancionado persigue una finalidad legítima de control legislativo sobre la ejecución de las leyes, incorpora mecanismos que exceden la función de seguimiento político-institucional”, se indicó. El PE planteó que existen otros instrumentos constitucionales para ejercer el control parlamentario sin avanzar sobre competencias administrativas.
La legisladora Vargas Aignasse, que firmó la propuesta junto a Walter Berarducci, Eduardo Verón Guerra, Rodolfo Ocaranza, Roque Tobías Álvarez y Alberto Olea, había mencionado en el recinto que el proyecto se trabajó con el Gobierno de la Provincia. “Hemos requerido un informe acerca de este proyecto de ley y ha llegado muy favorable”, dijo. También aseguró que no existe en ninguna provincia ni a nivel nacional una ley similar, y afirmó que crearla les permitiría hacer un trabajo de mayor calidad.
Fuentes parlamentarias señalaron que tomaron el veto como una diferencia institucional, no política. Aseguraron que la iniciativa estaba lejos de tener como fin controlar al PE, sino el seguimiento y efecto de las leyes después de sancionadas. En ese sentido, consideraron que posiblemente faltó diálogo entre el gobernador Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, lo que generó desconfianza respecto el fin perseguido por la norma.
Postura y críticas
La presidenta del comité, Vargas Aignasse, señaló a LA GACETA que la Cámara viene trabajando en el ordenamiento de las leyes y proponiendo herramientas para su acceso y conocimiento, siempre en coordinación con el Ejecutivo. “Esta ley de monitoreo proponía una herramienta bastante innovadora que, según los fundamentos del veto, tuvo una mirada jurídica no coincidente con la nuestra. La observación abre una etapa de construcción institucional conjunta”, dijo.
Sectores de la oposición, sin embargo, no tomaron de buena manera el veto. “Un gobierno seguro de su gestión no teme ser evaluado. Sin control, las leyes se reducen a anuncios vacíos, derechos incumplidos y obligaciones sin responsables”, criticó el legislador bussista Verón Guerra. Añadió que pedir información no es invadir competencias y que el veto, aunque es válido, “representa un retroceso político e institucional”.
Berarducci, en tanto, presentó un proyecto de resolución para que se insista con la iniciativa. Remarcó que evaluar no es administrar y que con la herramienta solamente se buscaba obtener información necesaria para evaluar la eficacia de la legislación para cumplir el rol institucional de la mejor manera.
“Un penoso veto más”
El radical Agustín Romano Norri, en tanto, consideró que el oficialismo debe ratificar su voto e insistir dado que la propuesta fue sancionada por unanimidad. “Si el mismo veto habla de independencia de poderes y autonomía de los legisladores, tienen que volver a votar lo que votaron hace algunas semanas”, evaluó.
De modo muy duro se expresó Claudio Viña, quien remarcó que se trata de “un penoso veto más”. Aseguró que la iniciativa estuvo motivada por la cantidad de leyes que están promulgadas pero sin reglamentar o que no se cumplen. Mencionó, por ejemplo, la Ley de Ludopatía (9.828), la de Quioscos saludables en las escuelas (9.001), la que obliga a que haya intérpretes de señas en la administración pública (8.935), la de droga cero al volante (8.860) y la de atención por dificultades del aprendizaje como la dislexia (8.938). “En plena sesión había advertido sobre el seguro veto total a esta iniciativa porque iba a sacar a la luz las omisiones del PE con muchas leyes vigentes”, reprochó.
Es el décimo veto que opone Jaldo en tres años de gestión. Los rechazos alcanzaron proyectos sobre el Impuesto Automotor, beneficios fiscales para vehículos eléctricos e híbridos, la creación del Cuerpo Provincial de Guardaparques, una alícuota diferencial de Ingresos Brutos para el turismo, entre otros.
