“Es inadmisible que las cárceles funcionen como centros de operaciones del crimen organizado”, sostuvo el legislador José Cano al referirse al caso de extorsión en contra de Marcos Nacif, uno de los procesados por transportar 470 kilos de cocaína, por parte de tres integrante del clan Caro.
“Mientras los vecinos viven con miedo, los delincuentes gozan de privilegios para seguir extorsionando impunemente con la complicidad del Estado”, agregó el legislador radical.
Cano, durante varios años, denunció la existencia de los que él llamó los “nuevos ricos”. Entre ellos aparecían los integrantes del clan Caro, Walter “El Petiso David” Lobos -actualmente procesado en una causa por drogas y por lavado de activos-, Javier “Chuky” Casanova y Franco Pinna -ex propietario de la cadena “El Faraón del Pollo” y condenado por un homicidio registrado en Mar del Plata-. Básicamente, los señaló como personas que habían tenido un crecimiento económico exponencial y que no habían sido investigadas en profundidad.
El legislador, años atrás, había advertido que estas personas podrían estar vinculadas al tráfico de droga o al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Pidió en esos momentos que se investigara el patrimonio de los sospechosos.
No es la primera vez que un integrante de este clan familiar aparece utilizando un celular desde el penal de Villa Urquiza. En 2022 se inició una investigación porque Walter “Kuky” Caro había subido imágenes suyas a Instagram, tomadas en la cárcel.
Ante la gravedad del caso, Cano exigió la aprobación urgente de su proyecto de ley que prohíbe la telefonía celular y el acceso a internet en penales y alcaidías de la provincia. La iniciativa obliga al Ministerio de Seguridad a instalar inhibidores de señal, implementar un protocolo de telefonía fija controlada y sancionar severamente al personal penitenciario que facilite estos dispositivos.
“Desde la pandemia se permitió el uso indiscriminado de celulares sin control. La Legislatura no puede seguir dilatando este debate; hay que cortar de raíz los delitos que se manejan desde las celdas”, concluyó Cano.
Una reunión
Ayer, en la reunión que se desarrolló en la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo les exigió a los funcionarios del Ministerio de Seguridad un informe sobre lo ocurrido. También habría solicitado que se inicie una investigación administrativa para determinar si el personal del Servicio Penitenciario cometió alguna irregularidad.
“Estamos ante un caso grave. No recuerdo que se haya denunciado un caso de estas características”, reconoció el jefe de Policía, Joaquín Girvau. “Por disposición del fiscal Diego López Ávila, se actuó rápidamente y se secuestró evidencia que puede ser clave en la investigación”, finalizó.
