Resumen para apurados
- El juez federal Cuello Murúa ordenó al Estado la reparación urgente de las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe, tras un amparo por el grave deterioro vial.
- La propia Vialidad Nacional admitió el daño crítico en la calzada, cuyas obras previas se frenaron por falta de presupuesto y parches temporales insuficientes.
- El fallo antepone la seguridad vial a la burocracia estatal y exige una solución definitiva para asegurar el tránsito en estos corredores clave del Mercosur.
En una resolución que pone de manifiesto la crisis de infraestructura vial en el sur de Santa Fe, el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa ordenó al Estado Nacional y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López.
El fallo responde a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien denunció que el abandono de estas arterias vitales vulnera el derecho a la seguridad y la libre circulación.
Seguridad vial por encima de las trabas administrativas
El magistrado Cuello Murúa fue tajante al señalar que el Estado Nacional no puede desligarse de sus responsabilidades de conservación amparándose en cambios de concesionarias o reestructuraciones internas. La sentencia resalta que el incumplimiento de los deberes de mantenimiento ha derivado en una situación de peligro inminente para los usuarios.
Según el fallo, el derecho a transitar de manera segura por el territorio nacional es prioritario, y la administración pública tiene la obligación jurídica de garantizar que las calzadas se encuentren en condiciones óptimas. Para el juez, el deterioro acumulado no es solo un problema logístico, sino un factor de riesgo directo para la integridad física de miles de personas que circulan diariamente por estos corredores estratégicos para el Mercosur.
Un escenario de riesgo reconocido por el propio organismo oficial
Uno de los puntos más críticos del expediente se centra en la Ruta Nacional 33. Paradójicamente, las pruebas más contundentes del deterioro fueron aportadas por la propia Dirección Nacional de Vialidad. En los informes técnicos citados en el fallo, el organismo reconoció que la calzada presenta "importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos" que exigen una intervención inmediata.
El magistrado destacó que la documentación fotográfica aportada por la DNV permitió constatar un estado de abandono que supera cualquier estándar de seguridad. Esta admisión por parte del Estado simplificó la resolución judicial, al quedar demostrado que el propio ente encargado de las rutas es consciente de que la situación es insostenible y que las condiciones actuales de la Ruta 33 representan un riesgo grave para la seguridad vial.
Presupuestos frenados y el fracaso de los arreglos paliativos
La sentencia también echa luz sobre el fracaso de los intentos previos de reparación. Si bien existió una licitación adjudicada a la empresa Rovial S.A. para intervenir la zona, los trabajos se paralizaron por la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias. Esta interrupción dejó las obras inconclusas, limitándose a tareas mínimas que no resolvieron el problema de fondo.
Además, el juez desestimó la suficiencia de los trabajos de "bacheo en frío" realizados recientemente entre Venado Tuerto y Murphy, considerándolos meros paliativos insuficientes ante la magnitud del daño estructural. El fallo concluye que el Estado debe garantizar una solución integral y definitiva, asegurando los fondos necesarios para que las rutas 7, 8 y 33 dejen de ser trampas viales y vuelvan a ser caminos seguros para la producción y la ciudadanía.
