En la Legislatura se presentó un proyecto de ley que busca crear un régimen especializado para la ejecución de penas de adolescentes en conflicto con la ley, con foco en reducir la reincidencia y en buscar la reinserción social. “La propuesta está lejos de ser garantista ni abreva en la doctrina ‘zaffaroniana’ del abolicionismo penal. Es absolutamente legalista. Queremos que el adolescente sea juzgado y condenado de acuerdo a la ley, pero pretendemos que su confinamiento tengo una acompañamiento del Estado”, explicó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, autor de la iniciativa.
El Régimen Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil busca organizar el sistema de ejecución de las medidas judiciales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal. Establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. También prevé la conformación de equipos interdisciplinarios, programas educativos, sanitarios, de capacitación laboral y dispositivos de fortalecimiento familiar, además de incorporar como establecimiento de referencia al Instituto Cura Brochero.
Entre los ejes centrales del proyecto figura la creación de un Plan de Transformación Personal para cada adolescente condenado. Ese programa deberá incluir objetivos educativos, asistencia psicológica y psiquiátrica, tratamiento de consumos problemáticos, formación laboral, fortalecimiento de vínculos familiares y estrategias para reducir la reincidencia, con seguimiento permanente de equipos técnicos y supervisión judicial.
Fundamentos
En los fundamentos, Vargas Aignasse remarcó “el Estado no puede permanecer jurídicamente indiferente ni institucionalmente ausente frente a la comisión de delitos graves por parte de adolescentes que poseen aptitud suficiente para comprender la ilicitud de sus actos y dirigir su conducta”.
El legislador afirmó que el debate sobre la ejecución de las penas enfrenta dos modelos de política criminal y cuestiona expresamente a sectores que identifica con posiciones extremas. “Mientras determinadas concepciones de la extrema derecha punitivista sostienen que la respuesta frente al delito juvenil se agota en el encierro, el descarte del infractor o consignas como ‘que se pudra en la cárcel’ o ‘bala en la frente’, este proyecto sostiene una concepción radicalmente distinta”, expresó en la iniciativa.
