El legislador Gerónimo Vargas Aignasse defendió el proyecto que impulsa una medida cautelar autónoma para personas que se consideren víctimas de escraches, difamaciones o calumnias en redes sociales y plataformas digitales, al asegurar que la iniciativa busca proteger el honor y la dignidad de los ciudadanos sin afectar la libertad de expresión. El tema fue reflotado recientemente por La Libertad Avanza, espacio que conduce Lisandro Catalán, que alertó sobre un posible avance contra la libertad de expresión
En una entrevista en LG PLAY, el justicialista explicó que la propuesta habilita a cualquier particular a solicitar la intervención de un juez, quien deberá resolver en un plazo de seis horas sobre la eliminación del contenido cuestionado, con el objetivo de evitar daños que calificó como “irreparables” por la rápida viralización en internet.
Contra los libertarios
A su vez, Vargas Aignasse remarcó que el proyecto excluye expresamente a todos los funcionarios públicos, desde el gobernador hasta cargos de dirección, por lo que -sostuvo- que la norma no alcanza a expresiones vinculadas con la actividad política. En ese sentido, cuestionó las críticas formuladas por el partido libertario, al señalar que interpretaron el proyecto sin haber leído su contenido y que buscan instalar un debate sobre una supuesta restricción a la libertad de expresión. “Nunca fue pensado para eso”, dijo.
El legislador consideró que los libertarios “inventan un tema” para confrontar ya que han perdido la bandera de la ética, por el caso Adorni y el caso $LIBRA, y porque los indicadores económicos, laborales y de pobreza son desfavorables. “Están buscando confrontación para poder sostener en la sociedad algún grado de intensidad política”, dijo.
El proyecto contra la violencia digital cuenta con dictamen de la comisión de Legislación General que preside el propio Vargas Aginasse. El principal cambio incorporado al dictamen es la exclusión del ámbito de aplicación de todos los funcionarios públicos elegidos por el voto popular y de los cargos políticos de designación hasta el nivel de director en los tres poderes del Estado y en los entes descentralizados. Con esa modificación se buscó despejar los cuestionamientos sobre un eventual uso de la norma para limitar críticas o expresiones vinculadas con la actividad política.
En mayo, cuando se dictaminó la propuesta, el legislador defendió la iniciativa al afirmar que apunta exclusivamente a contenidos “manifiestamente falsos o injuriantes” y negó que se trate de un mecanismo de censura. En ese sentido, advirtió que la violencia digital, la difamación y el hostigamiento en redes sociales pueden afectar gravemente la honra, la dignidad y la salud psíquica de las personas, por lo que consideró necesaria una herramienta legal para su protección.
A los cuestionamientos se sumó también el legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), quien rechazó la iniciativa al sostener que presenta “serios cuestionamientos constitucionales, convencionales, jurídicos e institucionales”. Afirmó que nadie discute el derecho de las personas a proteger su honor, imagen y reputación. Sin embargo, reprochó el mecanismo propuesto ya que dijo que resulta incompatible con la garantía de libertad de pensamiento y expresión consagrada en la Constitución de la Nación y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Berarducci sostuvo que el proyecto habilita la eliminación, el bloqueo o la desindexación de contenidos mediante un trámite urgente de apenas seis horas y sin un debate judicial suficiente, lo que, a su criterio, configura un riesgo de censura previa. En ese sentido, remarcó que el ordenamiento jurídico ya contempla herramientas como la acción preventiva del daño y los mecanismos de reparación integral para tutelar los derechos personalísimos sin crear una vía excepcional.
El legislador también cuestionó el uso de conceptos como “imputación falsa de delito” o “expresión objetivamente injuriante”, al considerar que requieren un análisis del contexto, la veracidad de la información y el interés público involucrado, aspectos que no podrían evaluarse adecuadamente en el plazo previsto.
Además, advirtió que la exclusión de los funcionarios públicos como beneficiarios de la medida no elimina los riesgos para la actividad periodística. Según explicó, una investigación sobre un funcionario suele involucrar a familiares, socios o contratistas que sí podrían solicitar el bloqueo de una publicación, lo que eventualmente derivaría en la remoción de la nota completa.
Por esos motivos, Berarducci consideró que la iniciativa constituye un intento de restringir la libertad de pensamiento, investigación y expresión, y pidió que el proyecto no avance en su tratamiento legislativo.
El concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud (LLA), también se expresó al respecto. Advirtió que la iniciativa dejó de ser una simple propuesta para transformarse en una preocupación institucional concreta.
