La Justicia solicitó la última declaración jurada del hermano de Manuel Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó a la Oficina Anticorrupción la versión más reciente de la declaración jurada del diputado bonaerense Francisco Adorni.

Francisco y Manuel Adorni. ARCHIVO
Francisco y Manuel Adorni. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Marijuan pidió a la OA la declaración jurada de Francisco Adorni en Buenos Aires, investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras asumir en la función pública.
  • La causa, iniciada por Marcela Pagano, sumó medidas como el levantamiento del secreto fiscal de Adorni, quien realizó varias rectificaciones en su patrimonio y deudas declaradas.
  • La investigación busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado, impactando directamente en la transparencia y en el entorno del jefe de Gabinete nacional.
Resumen generado con IA

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni -hermano del cuestionado jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni- registró un nuevo avance luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan requiriera a la Oficina Anticorrupción (OA) la última declaración jurada presentada por el actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA). 

La medida se inscribe en una serie de actuaciones orientadas a reconstruir su evolución patrimonial desde su incorporación a la administración pública nacional.

Según la documentación presentada ante la OA, Adorni realizó una nueva rectificación de su declaración jurada. En esta oportunidad informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una corrección presentada en mayo.

Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones, según consignó el sitio TN.

La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario tras su llegada a la administración nacional luego de la asunción de Javier Milei como presidente.

Tres semanas atrás, la investigación sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. Entre ellas se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recopilar documentación vinculada a los cargos desempeñados por Adorni desde 2023, las designaciones que recibió y los ingresos percibidos durante ese período.

Durante ese procedimiento también se solicitó información sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas en los distintos cargos ocupados dentro de la administración pública. La documentación incorporada al expediente incluye además requerimientos sobre historial salarial, eventuales retenciones y actos administrativos relacionados con sus nombramientos.

Consideraciones

El fiscal había considerado indispensable contar con esos datos para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales. La investigación se concentra especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Adorni comenzó a desempeñar funciones en el Poder Ejecutivo nacional. En el dictamen que impulsó la causa, Marijuan sostuvo que el objetivo es establecer si existió un presunto incremento patrimonial no justificado.

Como parte de las medidas de prueba, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La decisión permitió avanzar sobre información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.

Asimismo, la fiscalía requirió informes a más de 30 organismos y entidades públicas, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Los pedidos abarcan declaraciones juradas, pagos de impuestos, bienes registrables, regímenes de facturación, operaciones económicas y eventuales sanciones. También incluyen información sobre automotores, inmuebles y la situación tributaria asociada a esos bienes.

La investigación alcanzó además al Banco Central (BCRA), al que se le solicitó información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. A su vez, Migraciones recibió un requerimiento para informar los viajes realizados por Adorni al exterior, los destinos visitados y, en caso de traslados terrestres, las personas que lo acompañaron.

La declaración jurada rectificativa presentada en mayo había introducido cambios relevantes respecto de la versión original correspondiente a 2025. En esa oportunidad, Adorni incorporó una herencia por $21 millones y modificó el detalle de sus deudas.

Inicialmente había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al comienzo del año y un pasivo de $57 millones al cierre del período. Posteriormente sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, mientras que el monto final permaneció en $57 millones. De ese modo, dejó de registrarse un desendeudamiento de $73 millones y pasó a reflejarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.

Esa misma presentación consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones declarados al inicio del año.

La documentación también reflejó modificaciones en los bienes declarados. Durante 2025 dejó de informar una camioneta Chery Tiggo y pasó a declarar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Asimismo, mantuvo la declaración correspondiente al 50% de una vivienda en City Bell.

Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la información judicial disponible, en ambos casos se analizan declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.

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