La comisión de Transporte del Concejo Deliberante recibió al secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, para analizar el informe sobre el servicio de colectivos. Luego de cuatro horas de reunión, el funcionario y un grupo de ediles explicaron que no hubo definiciones acerca de un posible aumento del boleto porque los datos entregados por el sector empresarial son insuficientes.
El comité presidido por José María Franco (Peronismo de la Capital) había solicitado semanas atrás un análisis de situación del municipio capitalino sobre el transporte público, para que sea comparado con el estudio de costos presentado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) donde se habla de un valor ideal de boleto a $2.400.
El ex concejal expuso datos obtenidos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y los aportes que otorga al servicio la Municipalidad liderada por Rossana Chahla. “Por supuesto, también he manifestado que los $2.400 de aumento que piden los empresarios es absolutamente impagable, en un estado donde la situación social y económica en la Capital y en la Provincia, producto de las decisiones nacionales, indudablemente lo hacen poco factible”, remarcó Arnedo.
Sin datos
El concejal Gustavo Cobos (UCR) detalló que el análisis elaborado por la Municipalidad “arroja que no se cuenta con elementos para poder tomar una definición. Arnedo nos manifiesta que, cuando solicitaron información a los empresarios, solo una empresa los otorgó y son 14 líneas de colectivos”. Y aseveró: “no hay datos que nos permita a nosotros corroborar qué es lo que nos está diciendo Aetat para aumentar el boleto”.
Sobre esto, el edil Carlos Ale (PJS) reclamó que la reunión fue “una pérdida de tiempo” por la falta de datos. “Esperábamos un informe para que el Ejecutivo nos hable respecto de la conveniencia o no de aumentar el boleto, y nos sale diciendo que eso es competencia del Concejo”, rechazó.
Por último, el presidente del comité, Franco, amplió: “algunas (empresas) están accediendo a compartir parte de la información. Se está hablando de algo, que es la facultad del Ejecutivo de realizar auditorías; hay que ver desde qué punto las auditorías pueden ser con la venia de los empresarios o puede ser el municipio ejerciendo la fuerza de contralor”.
