Resumen para apurados
- Periodistas presentaron en la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político contra Miguel Terraf, jefe del Tribunal de Cuentas, por presunto mal desempeño en obras públicas.
- La denuncia cuestiona el control sobre pagos de $294 millones por obras ya ejecutadas en el penal de Benjamín Paz, sugiriendo una omisión del control preventivo obligatorio.
- El proceso pone bajo la lupa la transparencia del Tribunal de Cuentas. Se espera que la Comisión evalúe pruebas para determinar el impacto en la gestión de fondos provinciales.
Los periodistas Roque Galeano, Martín Faciano y Mauricio Formoso presentaron en la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaibén Terraf, por presuntos mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación, efectuada durante la tarde de ayer, cuestiona el control preventivo sobre una obra ejecutada en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz y sostiene que, según una investigación periodística del medio Enterate Noticias, Chaibén Terraf habría sugerido una vía de convalidación posterior mediante decreto para regularizar trabajos ya realizados.
Control preventivo oportuno
Los denunciantes vinculan esa publicación con el posterior Decreto N° 850/8, mediante el cual se habría aprobado el gasto y el pago de $294.852.768,52 a la firma HAGA U.T. por obras en el establecimiento socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”. Además, solicitaron a la Comisión de Juicio Político que requiera expedientes, decretos, informes y documentación oficial para determinar si existió control preventivo oportuno y si hubo intervención del titular del Tribunal de Cuentas en la posible maniobra.
En el escrito, los comunicadores sostienen que el punto central de la denuncia no es la necesidad de la obra ni el contenido del decreto, sino la secuencia institucional que habría derivado en la aprobación y pago de trabajos ya ejecutados. Según plantean, la gravedad radicaría en la eventual desnaturalización del control preventivo que debe ejercer el Tribunal sobre el uso de fondos públicos.
