Resumen para apurados
- Diputados debatirá mañana un proyecto oficialista para focalizar subsidios al gas en zonas frías, priorizando hogares vulnerables para ordenar el financiamiento energético nacional.
- La norma redefine áreas geográficas e impone un filtro socioeconómico basado en ingresos bajos, corrigiendo las distorsiones fiscales generadas por la ampliación masiva de 2021.
- Se busca maximizar recursos estatales mediante un esquema de equidad. El cambio impactará en la distribución tarifaria y apunta a garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema.
La Cámara de Diputados se prepara para debatir mañana un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca reformar de manera integral el régimen de subsidios de Zonas Frías. La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría de las comisiones, tiene como propósito ordenar el financiamiento del sistema energético y concentrar la asistencia estatal exclusivamente en los hogares más vulnerables. A través de esta medida, el Ejecutivo pretende corregir las distorsiones fiscales y de distribución surgidas tras la última ampliación del beneficio realizada en 2021.
El nuevo texto legislativo redefine el universo geográfico de la Zona Fría, circunscribiendo el beneficio estrictamente a las regiones históricamente incluidas por sus condiciones climáticas extremas, tales como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Asimismo, la propuesta normativa contempla la diversidad de modalidades de acceso al fluido en dichos territorios, extendiendo la cobertura del subsidio no solo al gas de red, sino también a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel, garantizando así un esquema de equidad para las zonas que carecen de infraestructura conectada.
El proyecto estipula que el beneficio quedará restringido de forma obligatoria a los usuarios que se encuentren registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón técnico está compuesto por aquellos hogares cuyos ingresos netos mensuales sean menores o iguales al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT), así como por familias que poseen el Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Renabap y por beneficiarios de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Doble filtro
La segmentación socioeconómica también alcanzará a aquellos grupos familiares que cuenten con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). De este modo, la reforma plantea un doble filtro de selección que combina criterios de localización con variables de vulnerabilidad social y económica.
Con esta reestructuración, el oficialismo busca revertir el impacto de la reforma de 2021, la cual permitió que casi la mitad de los usuarios residenciales accedieran a la tarifa subsidiada, incluyendo a sectores de alto poder adquisitivo. Durante el plenario de comisiones, la secretaría de Energía, Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa señalando que los recursos económicos estatales “son escasos y deben utilizarse de forma eficiente y justa”.
