ENCUENTRO. La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales se reunió ayer y volverá a hacerlo el lunes. PRENSA HLT
Resumen para apurados
- Legisladores de Tucumán debatieron ayer la Ley de Ficha Limpia para impedir candidaturas de condenados por corrupción, buscando transparentar la gestión pública en la provincia.
- El debate central radica en si la inhabilitación rige tras la primera instancia o con condena firme. El Ejecutivo y varios bloques analizan delitos de corrupción y narcotráfico.
- Se espera un dictamen para el lunes. La norma marcará un precedente en Tucumán para recuperar la confianza ciudadana y definir quiénes podrán postularse en las próximas elecciones.
Cerca de la mitad de los legisladores que integran la Cámara participaron ayer de la primera reunión por el debate de una ley de Ficha Limpia para Tucumán. Con la luz verde otorgada por el vicegobernador Miguel Acevedo para avanzar con el tratamiento, la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales que encabeza Carolina Vargas Aignasse escuchó ayer a la fiscal de Estado Gilda Pedicone, en representación del Poder Ejecutivo (PE), y a los legisladores José Macome y Gerónimo Vargas Aignasse, autores de otras propuestas.
La funcionaria explicó la iniciativa que giró el gobernador Osvaldo Jaldo en noviembre de 2024, que busca que no puedan acceder a un cargo electivo ni a una designación política que hayan sido condenadas judicialmente en segunda instancia, con sentencia confirmada. En un sentido similar va la iniciativa del legislador yerbabuenense, mientras que el parlamentario oficialista propone una norma mucho más severa y controversial: que queden marginadas de funciones públicas aquellas personas que cuenten con condena en primera instancia.
“La sociedad, en alguna medida y con razones que pueden ser justas o injustas, está objetando la conducta de la clase política, y me parece que esta necesita -y quiere- recuperar esa vinculación con la ciudadanía”, declaró Pedicone luego del encuentro en el salón auditorio del tercer piso.
Con revisión
El universo de delitos propuestos por el PE abarcan aquellos vinculados a la corrupción en la administración pública, como el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos o el enriquecimiento ilícito. Se suman el fraude contra el Estado y los delitos económicos y financieros, así como delitos como el narcotráfico, contra la vida, la integridad sexual, la libertad individual, la seguridad pública y los ambientales. Se incorpora también a los deudores alimentarios registrados.
Al fundamentar por qué el proyecto propone la inhabilitación a partir de la segunda instancia, Pedicone fue clara. “La segunda instancia es la revisión por otro órgano jurisdiccional de la decisión de la primera. Existe el riesgo de excluir a una persona que todavía no ha transitado ambas instancias y que, en la segunda, podría obtener un resultado diferente, contando con la amplitud de pruebas que esta permite”, declaró.
Ficha intachable
Gerónimo Vargas Aignasse, en tanto, explicó los argumentos por los que considera propicio ir más allá de lo que propone el PE e impedir que sean candidatos o que puedan asumir cargos públicos quienes tengan condenas penales en primera instancia por delitos graves. “Creo que el mensaje a la sociedad debe ser claro: quien quiera ingresar a cargos públicos debe tener una condición de idoneidad indiscutible e intachable”, sentenció.
De todos modos, subrayó que es la Justicia la que debe definir la culpabilidad de una persona, no una ley que impida ser candidatos a quienes tienen condenas. “No estamos diciendo que el candidato sea culpable de un delito, sino que existe un reproche moral cuando hay una condena en primera instancia por un delito grave. En ese sentido, la sociedad debe saber que la mejor propuesta de campaña de un candidato es su propia historia, y si esa historia viene con una mancha, me parece que no debe tener la posibilidad de presentarse como candidato”, dijo el justicialista. Señaló también que hoy solamente nueve jurisdicciones cuentan con leyes de este tipo.
Segundo encuentro
Carolina Vargas Aignasse adelantó que el tratamiento del tema continuará el lunes próximo con la exposición de académicos constitucionalistas, procesalistas y otros especialistas a participar. “Probablemente, luego de esa instancia, estemos en condiciones de generar un dictamen conjunto”, declaró.
De la reunión también participaron los demás integrantes del comité: Agustín Romano Norri, Rodolfo Ocaranza y Aldo Salomón. También asistieron y propusieron algunas modificaciones los legisladores Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara), Carlos Gómez, Francisco Serra, Carlos Gallia, Eduardo Verón Guerra, Adriana Najar, Roque Argañaraz, Walter Berarducci, Carlos Najar, Ernesto Gómez Rossi, Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña, Manuel Courel, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Raquel Nievas y Alejandro Figueroa, entre otros.
