Manuel Adorni. ARCHIVO
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio clave que pone bajo la lupa los valores de mercado de sus adquisiciones. La martillera Natalia Rucci , titular de la inmobiliaria que intervino en la venta original del departamento de Caballito, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que la propiedad de la calle Miró al 500 tiene un valor estimado de US$ 345.000, una cifra sensiblemente superior a los US$ 230.000 declarados por el funcionario en la operación final.
Durante una extensa declaración que se prolongó por casi cuatro horas, Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, detallaron el derrotero del inmueble que pertenecía al ex futbolista Hugo Morales. Según el testigo, la propiedad salió a la venta inicialmente por US$ 375.000 y, tras sucesivas bajas, terminó vendiéndose por US$ 200.000 a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Estos últimos, apenas meses después, transfirieron la propiedad a Adorni en noviembre de 2025 mediante una estructura financiera que la Justicia considera “atípica”.
El eje de la sospecha judicial reside en la trazabilidad del dinero y las facilidades otorgadas al funcionario. Las vendedoras, quienes declararon no conocer a Adorni previamente, le otorgaron una hipoteca por US$ 200.000 sin intereses y a pagar en un año. Rucci reveló además que, en su momento, ofreció ayuda a Pablo Feijoo —hijo de una de las jubiladas y presunto nexo con el funcionario— para vender la unidad, pero este la rechazó alegando que ya tenía un comprador asegurado, en referencia al actual jefe de Gabinete.
Gastos en efectivo
Paralelamente, el fiscal Pollicita avanza sobre los gastos en efectivo que Adorni habría realizado y que no figuran en registros bancarios. La investigación detectó erogaciones importantes para refaccionar tanto el departamento de Caballito como una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En este último caso, se analizan pagos por el derecho de ingreso al club de campo —estimados en US$ 5.000— y contratos de remodelación que habrían sido abonados fuera del sistema financiero.
La agenda judicial para los próximos días se presenta cargada de citas determinantes. Este miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, quien deberá entregar su teléfono celular a la Justicia para que se analicen sus comunicaciones con el funcionario. Feijoo es señalado como el arquitecto de la operación, habiendo pagado la seña original del inmueble y facilitado el préstamo de su propia madre. Finalmente, el proceso comenzará con la declaración del ex dueño de la propiedad en Indio Cuá, Juan Ernesto Cosentino, y del constructor Matías Tabar
