Pablo Martín Feijoo es hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble
Resumen para apurados
- Pablo Martín Feijoo declaró hoy ante el fiscal Pollicita en Comodoro Py por la causa de presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tras una compra inmobiliaria irregular.
- Adorni compró un inmueble por 230.000 dólares, pagando solo el 15% y financiando el resto sin intereses, en una operación gestionada por Feijoo que es investigada por la justicia.
- Esta declaración es clave para definir si el nivel de vida del jefe de Gabinete se ajusta a sus ingresos y para entender las condiciones excepcionales del acuerdo comercial.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó hoy un testimonio clave. Pablo Martín Feijoo declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Se trata del hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble y es señalado por la Justicia como el verdadero artífice de una operación cargada de irregularidades.
El foco del fiscal está puesto en las condiciones "excepcionales" de la compraventa. Según las declaraciones de las vendedoras -Beatriz Viegas y Claudia Sbabo-, el departamento de Caballito fue adquirido por ellas en mayo de 2025 por 200.000 dólares como una inversión, bajo el asesoramiento de Feijoo.
Sin embargo, pocos meses después, se lo transfirieron a Adorni por 230.000 dólares, un valor sensiblemente inferior a los 345.000 dólares en los que el mercado inmobiliario tasaba la propiedad.
Más allá del precio, lo que más suspicacias despierta en Comodoro Py es el método de pago. Adorni desembolsó apenas 30.000 dólares. El saldo restante (más del 85% del total) fue postergado hasta noviembre de este año mediante una hipoteca que, llamativamente, no contempla el pago de intereses.
El testimonio de Feijoo busca echar luz sobre por qué dos jubiladas aceptarían un negocio que, en términos financieros, parece perjudicial para ellas. Esta declaración es una pieza central en el rompecabezas de Pollicita, quien busca determinar si el patrimonio y el nivel de vida del funcionario nacional son consistentes con sus ingresos declarados.
