RESPALDO. Pasada la medianoche, el bloque oficialista estimaba obtener una aprobación holgada con una base superior a los 130 votos. @ejesdecom
Resumen para apurados
- La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso para delegar el control ambiental a las provincias e impulsar la actividad minera.
- Con 137 votos a favor, el oficialismo y sus aliados modificaron la Ley 26.639. El cambio limita la protección a zonas con función hídrica, tras años de reclamos de gobernadores.
- La medida busca atraer inversiones mineras pero enfrenta críticas por regresión ambiental. Se prevén planteos de inconstitucionalidad y una mayor discrecionalidad provincial.
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la normativa de protección de glaciares. La iniciativa fue aprobada por 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y redactado bajo el ala del Consejo de Mayo, respondía a un pedido directo de los gobernadores de provincias cordilleranas. La iniciativa buscaba redefinir el objeto de protección ambiental, otorgando a las provincias el poder de determinar qué constituye un glaciar o ambiente periglacial dentro de sus límites territoriales, fundamentándose en el dominio originario de los recursos naturales que establece la Constitución.
En el recinto, la confianza de La Libertad Avanza resultaba notable. Alrededor de la medianoche, el bloque oficialista estimaba obtener una aprobación holgada con una base de entre 130 y 140 votos. Para alcanzar esta cifra, el Gobierno contaba con el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, además de bloques provinciales que responden a mandatarios interesados en la expansión de la actividad minera, como los casos de Catamarca y San Juan.
Dentro de este complejo mapa de apoyos, se anticipaba que la mayoría de los representantes de Tucumán en la Cámara baja acompañarían la sanción definitiva de la propuesta. Este respaldo resulta estratégico para el oficialismo nacional, consolidando el bloque de legisladores del norte que ven en la modificación de la ley una oportunidad para dinamizar las inversiones en sus respectivos territorios bajo un nuevo marco regulatorio. En el poroteo de votos que se realizaba en los pasillos del Palacio, sólo los representantes tucumanos de Unión por la Patria (UP) figuraban entre los votos en contra.
¿Qué cambia?
La reforma introduce cambios sustanciales en la Ley 26.639, precisando que la protección recaerá sobre aquellos glaciares y geoformas que “cumplen funciones hídricas” efectivas. Esto implica que las masas de hielo solo se consideran reservas estratégicas si actúan como proveedores de agua para la recarga de cuencas, subordinando la aplicación de la norma al criterio de “uso racional de los recursos” estipulado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Uno de los puntos más polémicos es la facultad que se les otorga a las provincias para ordenar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) el retiro de ciertas geoformas del Inventario Nacional. Si estudios técnicos las jurisdicciones consideran que un cuerpo no cumple funciones hídricas, podrán excluirlo de la protección estricta, aunque el proyecto incorpore un “principio precautorio” que mantenga la protección hasta que se verifique dicha carencia de función hídrica.
A pesar de los cambios, el texto mantiene la prohibición de actividades industriales, mineras e hidrocarburíferas sobre los glaciares que sí sean identificados como portadores de funciones hídricas. No obstante, se faculta a las autoridades locales para determinar, a través de evaluaciones de impacto ambiental, si un proyecto específico altera de manera relevante la condición natural del entorno, permitiendo mayores márgenes de discrecionalidad regional.
El rol del Ianigla también sufrirá modificaciones, quedando acelerado a un flujo de información constante desde las provincias. El Gobierno justifica este cambio argumentando que, tras quince años de vigencia de la ley actual, el inventario está incompleto y no se ha determinado con precisión la función hídrica de las geoformas relevadas, lo que a su juicio justifica la descentralización del proceso.
En el recinto
El debate comenzó con la defensa de los dictámenes de mayoría por parte de los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz. Los legisladores libertarios rechazaron las críticas de la oposición, asegurando que la reforma aporta “rigor técnico” y que no afecta el paradigma de protección ambiental. Peluc destacó que, en la audiencia pública previa, la mayoría de las presentaciones fueron favorables a los cambios propuestos.
Desde la vereda opuesta, la oposición nucleada en UP y la Coalición Cívica lanzó duras advertencias. La diputada Adriana Serquis cuestionó la falta de sustento científico en los argumentos oficiales y alertó sobre una “regresión ambiental”. Por su parte, el jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez señaló que la modificación podría incluso poner en riesgo la seguridad jurídica de los mineros que ya operan bajo el marco legal vigente.
A su turno, Maximiliano Ferraro fue uno de los más vehementes en su rechazo, calificando la iniciativa como “inconstitucional” y denunciando un presunto lobby corporativo de las empresas mineras en la redacción del texto. Ferraro sostuvo que el Congreso ignora su obligación de establecer presupuestos mínimos de protección, lo que derivará en un retroceso ambiental sin precedentes para el país.
Mientras el debate transcurriría en el recinto, el clima en las afueras del Congreso se mantuvo tenso. Organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas, entre ellas La Cámpora y partidos de izquierda, se concentraron para manifestar su rechazo. Durante la tarde, se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad.
