Por Nahuel Toledo
14 Noviembre 2025
CRÍTICAS. Cristina hizo una fuerte embestida contra el Poder Judicial.
La segunda jornada de audiencia por el juicio de la denominada Causa Cuadernos de las Coimas se llevó a cabo bajo un clima de marcada tensión, caracterizado tanto por las controversias internas del Poder Judicial como por la fuerte embestida política de la principal imputada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien elevó sus críticas contra la Justicia Federal a través de sus redes sociales.
En respuesta a los requerimientos de instancias superiores, el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, Enrique Méndez Signori, anunció una modificación en el cronograma. Con el fin de acelerar el proceso, se decidió incrementar la frecuencia de las audiencias, que a partir del martes 25 de noviembre de 2025, tendrán lugar dos veces por semana: los días martes y jueves.
Esta resolución se produce luego de que la Cámara de Casación convocara a los jueces del tribunal a una reunión con la idea de presionar para que las audiencias se realizaran al menos tres veces por semana y, de manera crucial, bajo una modalidad presencial, buscando imprimirle mayor dinamismo al megajuicio.
Sin embargo, Méndez Signori leyó un descargo donde defendió la “modalidad telemática” adoptada y apuntó directamente contra los “tribunales superiores” por atender solo parcialmente sus pedidos previos. El magistrado defendió la virtualidad al señalar: “Para el jueves pasado ni siquiera había una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial”, asegurando además que los “defectos menores” de la conexión virtual, son subsanables.
Tras el debate sobre la modalidad del debate, la audiencia se centró en la lectura de los descargos de los imputados que constituyen el requerimiento de elevación a juicio por la maniobra investigada.
Excepción
En su declaración indagatoria original, Fernández de Kirchner había optado por presentar un escrito al que se remitió. En dicha presentación, solicitó que se interpusiera una excepción de falta de acción y requirió que las actuaciones fueran remitidas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal N° 10, buscando impugnar la competencia del TOF 7.
La ex presidenta utilizó su descargo para enmarcar la causa en una supuesta persecución política, señalando que: “…desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegitimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015…”.
Al ampliar su declaración indagatoria, la ex mandataria reiteró su negativa categórica a las imputaciones: “reitero mi negativa de manera categórica y terminante, de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno”, y denunció que la investigación dirigida en su contra no logró obtener “ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen…”.
En un movimiento previo al inicio de la segunda jornada, la ex presidenta recrudeció sus críticas en su cuenta de X (antes Twitter), considerando que la reapertura acelerada del proceso era parte de una estrategia para desviar la atención pública, redoblando la apuesta al declarar que el caso ya no es “lawfare” (guerra judicial) sino “persecución política con métodos propios de las dictaduras”.
Esta escalada retórica encontró un sustento legal en las declaraciones citadas de Roberto Herrera, abogado de uno de los arrepentidos, quien confirmó las condiciones de detención en el centro “Cavia”: “cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas… y filmándolo las 24 horas”, dando un peso significativo a la denuncia de coacción en el proceso.
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