Por Gustavo Rodríguez
29 Septiembre 2021
EL LUGAR. Un cuerpo de Infantería custodia el cuartel de Bomberos durante la mañana de ayer. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Roberto Rojas escuchó dos fallos el miércoles 22 de septiembre. En el primero, los jueces Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Eduardo Romero Lascano lo condenaron a prisión perpetua por el femicidio de Milagros Avellaneda y el crimen de su hijo Benicio. El otro, con la disidencia de Freidenberg, ordenó que se le dictara la prisión preventiva por seis meses o hasta que la sentencia quede firme.
Los magistrados aceptaron los planteos formulados por la fiscala de cámara Estela Giffoniello y por la abogada querellante Silvia Furque. Y tomaron esta medida porque consideraron que el condenado podría escaparse. Pero al mismo tiempo, los jueces no tuvieron en cuenta dos cosas: esa dependencia no cuenta con medidas de seguridad. La segunda, que el ex guardiacárcel tenía demasiados contactos en el lugar para concretar su escape. Y antes de que se cumplieran los cinco días de encierro, terminó fugándose.
La orden de los miembros de la Sala II fue clara. Rejas debía quedar alojado allí hasta tanto se le realizaran todos los controles médicos de rigor y luego se lo debía trasladar a la Unidad 6 del penal de Villa Urquiza. Tanto el cuartel de Bomberos como ese pabellón están reservados para los miembros de las fuerzas de seguridad que se encuentran procesados o penados.
Pero más allá de la insólita fuga (se informa en página 9), con el correr de las horas surgieron nuevos indicios que confirman que Rejas conocía muy bien el lugar donde lo terminaron alojando y en el que gozaba de ciertos beneficios.
El condenado fue trasladado hasta esa dependencia policial cuando la fiscala María del Carmen Reuter logró que se le dictara la prisión preventiva. En su estadía en el cuartel se produjo una situación particular: se le secuestraron dos celulares, cuando no podía tener ninguno.
Un testigo le aportó ese dato a Reuter a fines de 2016. La fiscala ordenó que se realizara una requisa y terminó encontrando los aparatos. Inició una causa y pidió que la fiscalía que por turno correspondiera investigara a todo el personal de bomberos por la irregularidad.
La investigadora pensó que habían incumplido en sus deberes de funcionario público porque le permitieron que tuviera los celulares en plena pesquisa del difícil caso que entonces estaba en sus comienzos.
También trascendió que cuando estuvo alojado en la cárcel, en al menos cuatro oportunidades, los guardiacárceles le secuestraron celulares que tenía ocultos en su calabozo. “Evidentemente tenía contactos para hacerlos entrar sin problemas”, explicó una fuente de la cárcel.
En las últimas horas surgió otro indicio. Estefanía Ávila, ex novia de Rejas que fue absuelta en el juicio por el delito de encubrimiento agravado, habría tenido un pariente policía que prestaba servicios en Bomberos. Esta información nunca pudo ser confirmada, pero fue suficiente para que Reuter acelerara su traslado al penal de Villa Urquiza. Allí estuvo alojado dos años (hasta que se le venció el plazo de la preventiva) en la Unidad 6.
Régimen especial
Rejas no estaba solo en Bomberos. En el lugar se encuentran otros nueve integrantes de fuerzas de seguridad esperando ser trasladados al pabellón especial que, según las autoridades del Servicio Penitenciario, no tiene lugar para recibir a más personas.
Los detenidos gozan de un régimen especial. Como no hay calabozos, duermen en habitaciones que fueron creadas para los bomberos. Utilizan los mismos sanitarios y hasta comen en el mismo lugar. A las visitas las reciben en el playón. Es tan precario el centro de detención que en la guardia no se lleva registro de visitas y tampoco cuenta con cámaras de seguridad.
El cuidado de los detenidos corre por cuenta de un cuartelero, que no forma parte del cuerpo de bomberos, y que no debe actuar ante cada emergencia. El suboficial Gonzalo Pablo González era el hombre que debía realizar el lunes esa tarea. Es un hombre que fue destinado a esa división de la fuerza luego de haber sido condenado por un homicidio en 2013. Sí, leyó bien.
El 28 de enero de 2012, Marcos Fabián Ybarra fue asesinado de un disparo al norte de la capital. Por el hecho fueron condenados los policías Edgardo Gómez a perpetua, por ser considerado culpable de homicidio agravado y González y Gabriel Ocampo a 12 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios del crimen.
Los condenados que recibieron la pena menor apelaron el fallo y lograron que se revirtiera las sentencias que habían dictado en su contra los jueces Julio Dante Ibáñez, Stella Maris Arce y Carlos Caramutti.
González, al ser absuelto, inició una larga batalla legal para lograr su restitución a la fuerza. Cuando lo reincorporaron, fue destinado a Bomberos, un lugar en el que no tiene casi contactos con la comunidad, y le encargaron una tarea casi administrativa. Ahora está siendo investigado por la fuga de Rejas.
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La fuga de Rejas
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