Muerte del peluquero en Salta: “tiene dislocadas las dos muñecas", dijo el abogado de la familia

Martín D' Andrea, abogado de la familia de Matías Ruiz, el peluquero tucumano que murió en Salta, dijo que la próxima semana "estará el resultado de la autopsia" para poder avanzar en la acusación de homicidio del joven. Además, hizo hincapié en la responsabilidad de los policías y de los agentes del sistema de salud, imputados en la causa judicial.

“Desde el punto de vista cronológico, se puede decir con certeza que la Policía encontró a Matías a las 6.50 y de forma completamente impertinente, lo redujeron por un término de 1.10 hora aproximadamente. Se cursa el llamado al Servicio de Emergencia y Atención Médica a las 7.45 y el móvil llegó a las 8.18 donde estaba Matías. El enfermero que se encontraba comisionado advirtió que ya no tenía signos vitales, que su cuerpo parecía un muñeco”, dijo el letrado en una entrevista con "BUEN DÍA".

El abogado de la familia expresó que a través de las cámaras de vigilancia se pudo observar al joven correr sin ropa en la vía pública. “Está situación va a ser esclarecida, pero lo que importa es que la omisión empieza cuando el personal policial lo reduce cuando estaba desnudo, en momentos también en que en Salta hacía un frío indescriptible”, añadió.

D’ Andrea hizo hincapié en las lesiones en el cuerpo. “Hay fotos post mortem en las que se determina  que ha tratado de lucha por su vida porque no entendía el por qué”, dijo. “Tiene dislocadas las dos muñecas. Las extremidades del cuerpo (por los brazos) evidencian que uno de los policías lo ha pisado. Tiene la marca de un borcego”, remarcó.

“Un video exhibe y demuestra que Matías pidió clemencia ante el personal policial. También estaba ubicado en tiempo y espacio: decía ‘me llamo Matías Ruiz’”, manifestó. El abogado sustentó la posición de la parte en declaraciones de testigos y en más videos.

La fiscala penal Ana Inés Salinas Odorisio, integrante de la Unidad Fiscal que investiga la muerte de Matías Nicolás Ruíz, imputó ayer a Luis Alberto Rivas Pérez, Cristian Alejandro Huari, Gonzalo Federico Farfán, Marcela Silvana Giménez (operarios de SAMEC), Sergio David Llanes, Néstor Damián Ulloa, Ricardo Ariel Sierralta y Héctor Matías Rodríguez (efectivos policiales) como autores del delito de homicidio culposo. A Rodríguez se le imputa además, el delito de vejaciones en concurso real.

En la fundamentación de la acusación, Salinas Odorisio sostiene que los efectivos policiales imputados, el día del hecho, interceptaron y demoraron a la víctima con una actuación exagerada para el contexto en el que se desarrollaban los sucesos. En el caso particular del efectivo Rodríguez, de los registros fílmicos analizados, se puede observar que hace uso inadecuado de la fuerza: situó su pie derecho sobre el cuerpo de la víctima, empujándolo para luego, con el mismo pie, apoyarse y presionar sobre su humanidad.

Respecto a los operarios del SAMEC, en la acusación se sostiene que del análisis del material aportado por el Sistema de Emergencias 911, se puede observar que el día del hecho, se da inicio al incidente a las 6.50 por personal de demanda ciudadana, que dan aviso a las instituciones que deben intervenir. Se puede determinar que, luego que el personal policial toma contacto con la víctima a las 7.35, se solicita móvil de SAMEC al lugar, reiterando dicho pedido a las 7.41 y a las 7.49, sin obtener respuestas de la unidad sanitaria, arribando recién al lugar a las 8.13. Desde el inicio del incidente, no se observa designación de ambulancia hasta horas 8.02 y que en el sistema no se registran constancias sobre el motivo de la demora de la unidad de SAMEC como tampoco designaciones de otras unidades sanitarias por los operarios intervinientes, ocasionando esta demora, que la víctima no reciba la atención necesaria para su supervivencia, evidenciándose negligencia por parte de los imputados, que cometieron descuido u omisión de las diligencias debidas e impuestas por la prudencia, cuya observancia y previsión, hubieran prevenido el resultado acaecido.

Salinas Odorisio explicó que el pedido de detención y el mantenimiento de la detención para los cuatro operarios del SAMEC se fundamentan en la necesidad de evitar el entorpecimiento de la investigación, ya que hubo reticencia a la entrega de información requerida desde comienzos de las tareas investigativas.