21 Enero 2019
El trámite parece que será rápido y que, si todo sale como se pretende en el oficialismo, la semana próxima la Corte Suprema de Justicia estaría nuevamente integrada con cinco miembros. Es que, finalmente, el elegido por el gobernador, Juan Manzur, para cubrir el cargo que quedó vacante en el alto tribunal fue Daniel Leiva, el actual fiscal de Estado de la Provincia. El mandatario tomó ayer la decisión, según confió a LA GACETA.
Como se sabe, una vocalía quedó vacante con el fallecimiento de Antonio Gandur, ocurrida el 29 de diciembre último, a los 84 años.
“Es una gran persona, un hombre que conoce la provincia, que no sólo maneja el escritorio y que va a defender a Tucumán, todo eso es importante a la hora de valorar a quien vaya a integrar la Justicia”, señaló el mandatario para justificar la designación de su colaborador en el gabinete provincial para que se sume a la Justicia.
Añadió que hoy remitirá a la Legislatura el pliego con la postulación de Leiva y que, en caso de que sea aprobado, designará al frente de la Fiscalía de Estado a Eleonora Rodríguez Campos, una funcionaria de carrera en el área. “Es una mujer intachable, es respetada y tiene todas las condiciones para ejercer ese cargo”, manifestó Manzur sobre la subsecretaria de Legal y Técnica.
Respecto de Leiva se puede decir que se desempeñó como asesor letrado de la Municipalidad de Trancas, que ejerció como abogado de varias organizaciones sindicales, que trabajó profesionalmente en Rentas de la Provincia, fue asesor de la presidencia en la intervención de la Caja Popular de Ahorros entre 2004 y 2007, asesor del Ministerio del Interior, secretario de Grandes Comunas y finalmente Fiscal de Estado, desde 2015 a la fecha. Durante su gestión en la fiscalía se sistematizó el funcionamiento del organismo, se creó la Escuela de Abogados del Estado y se generó el primer registro de sentencias de la provincia.
El trámite legislativo
El pliego que Manzur enviará hoy ingresará a la comisión de Acuerdos y Peticiones de la Legislatura. El reglamento interno ordena el análisis de una serie de documentación relativa al aspirante: prontuario policial, informe de la Corte sobre los juicios registrados en los que se hubiera desempeñado como actor o demandado y el historial de cargos en los tribunales. Además, se debe requerir datos al Registro Inmobiliario “sobre las inhibiciones o embargos” que pudieran existir. Por su parte, el Colegio de Abogados (de la Provincia y del Sur) deberá comunicar sobre la inscripción profesional del letrado, además de las “denuncias recibidas y/o sanciones que le hubieren sido impuestas con motivo del ejercicio profesional”. La comisión también debe consultar a entidades bancarias oficiales -la Caja Popular, por lo general- sobre “deudas contraídas” y “su cumplimiento”. Tras esto, se realizará la entrevista al postulante. Se estima que esto podría ocurrir entre el miércoles y jueves venideros y que el viernes podría estar sesionando la Legislatura al solo efecto de analizar la propuesta del PE. La comisión de Labor Parlamentaria está citada para mañana.
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