“La Nación avasalla la independencia del Poder Judicial de Tucumán”

Dos representantes del Gobierno plantearán su oposición a la veeduría el lunes en una reunión con el ministro Garavano. Vargas Aignasse, funcionaria de Manzur, manifestó que los veedores no coadyuvarán a mejorar la Justicia

25 Nov 2017
1

EN CONTRA DE LOS OBSERVADORES DE LA NACIÓN. La secretaria Vargas Aignasse en una fotografía de 2015. la gaceta / foto de diego aráoz

El oficialismo rechazó explícitamente la pretensión de la Casa Rosada de observar una serie de 33 procesos radicados en la Justicia provincial, entre ellos algunos que involucran a gobernantes en funciones o a ex integrantes de la administración de José Alperovich. Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y de Justicia, rechazó la iniciativa oficializada hace una semana ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cuerpo que aún no definió qué hará al respecto. “El respeto por la división de poderes debe reflejarse en los actos y no quedar sólo en la proclama. La designación de veedores realizada por un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación (Alejandro Collia) sin mandato ni representación avasalla la independencia del Poder Judicial provincial”, opinó la funcionaria.

Vargas Aignasse y Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de Tucumán, plantearán la oposición del Gobierno de Juan Manzur a la veeduría este lunes, en la reunión que el Consejo Federal de Justicia celebrará en Mendoza, con la presidencia de Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. Si bien correspondería que a esta reunión asista Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia, este resolvió participar del encuentro que el Consejo Federal de Seguridad celebró ayer, y delegar en sus dos secretarias la representación ante Garavano.

Hace una semana, Amado había optado por la cautela. “Hay que ver bien cuál es el criterio para definir esas acciones. (Vargas Aignasse y Brunotto) viajarán con la misión de preguntar a las autoridades del Ministerio cómo se instrumentó esto, si es posible y si se hizo en otras provincias”, había advertido. Ya entonces Amado había observado que los abogados propuestos como veedores, Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles, estaban identificados con la oposición. Colombres Garmendia se desempeña como delegada local de Derechos Humanos de la Nación mientras que Robles es dirigente radical e interviene en “Teves”, causa con repercusiones institucionales intensas incluida en el pedido de veeduría.

El Gobierno endureció su posición con el correr de los días y ayer recibió el apoyo de secretarios de Derechos Humanos de provincias gobernadas por el justicialismo (ver: “Diez provincias justicialistas...”). Vargas Aignasse, por su parte, redobló las críticas contra Colombres Garmendia, que es prima del legislador macrista Alberto Colombres Garmendia, y del ex legislador Robles: “se nombró a personas de reconocida pertenencia política y, lo que es más grave aún, uno de ellos está activo en el foro local y tiene una vasta trayectoria en el ámbito del derecho penal”. Según la funcionaria de Manzur, la iniciativa de la Nación no redundará en un fortalecimiento institucional: “(los veedores) no garantizan la imparcialidad necesaria para coadyuvar a la mejor administración de justicia, que es un anhelo de todos los tucumanos”.

Entre las 33 causas de interés de la Nación hay 19 expedientes penales (las restantes pertenecen al fuero de familia y se vinculan al grupo de padres descontentos que montó una carpa al frente del Palacio de Justicia). Tales investigaciones implican a un número significativo de funcionarios públicos: Manzur (por supuesto enriquecimiento ilícito); los vocales del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal; la anterior composición del Poder Legislativo en relación con el uso de los gastos sociales; el legislador oficialista Zacarías Khoder; funcionarios de Salud de Alperovich, entre ellos, Pablo Yedlin y, otra vez, Manzur; Miguel Ángel Brito, ex director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo; el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez; la ex jueza Mirta Lenis de Vera; el camarista Eudoro Albo; el fiscal Carlos Sale y el abogado Tomás Robert (hoy relator de Jiménez); dos ex directivos de la Asociación de Magistrados de Tucumán, el defensor oficial Roberto Paz y la camarista Liliana Vitar; Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal N°3 de Capital, y Carlos Albaca y Guillermo Herrera, respectivos ex fiscales de los casos “Lebbos” y “Teves”.

Comentarios