La apelación del Estado suspenderá la cautelar

La apelación del Estado suspenderá la cautelar

"Democratizar la Justicia" es la expresión ratificada por la Presidenta para impulsar una amplia reforma del sistema judicial federal. Se trata de un paquete de proyectos de leyes, que van desde el ingreso al Poder Judicial y la publicidad de los actos tribunalicios, a la creación de nuevas cámaras de casación y el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos

 TELAM TELAM
09 Abril 2013

BUENOS AIRES.- La presidenta, Cristina Fernández, criticó anoche los bloqueos, afirmó que no pueden aceptarse "la violencia, la extorsión o la presión" y pidió una Justicia ágil y democrática, que "logre un equilibrio" para toda la sociedad. Así se expresó durante el anunció del envío al Congreso de un paquete de seis proyectos de leyes destinado a reformar la Justicia argentina.

Durante el acto en la Casa Rosada, la Presidenta anunció que esas iniciativas serán la de reforma del Consejo de la Magistratura; la ley de Ingreso Democrático a la Justicia; la ley de Publicidad de las actos del Poder Judicial; la de creación de tres nuevas Cámaras de Casación; la ley de Publicidad y Acceso Directo a declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, y la regulación de medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados.

Además, Cristina destacó la importancia de la actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial, la reforma del Código Procesal y el avance en la creación de un Digesto Jurídico.

Plazos y subrogancias

La mandataria aclaró que el proyecto de "democratización de la Justicia" no implica que el Poder Judicial sea antidemocrático, sino que hay una larga y mala historia, en democracia, respecto de las instituciones en general. Consideró que dará "mayor legitimidad a uno de los poderes del Estado", producto de "un proceso que se inició hace una década".

Sobre el Consejo de la Magistratura, propone un aumento de sus integrantes -de 13 a 19-, que serán elegidos junto a las primarias (PASO), para que "el pueblo, a través del sufragio universal, elija a todos los estamentos de jueces, abogados y académicos".

Respecto de las medidas cautelares, destacó la importancia de un Estado transparente debido a la existencia de "aquellos sectores" que ejercen "lobby o presión" sobre el "resto de poderes".

"Hablamos de cosas cotidianas, cada vez que al Estado argentino le ha ido mal, le ha ido mucho peor a las grandes mayorías, porque el Estado son los 40 millones de argentinos", señaló. Propone que la medida cautelar no supere los seis meses como "plazo razonable", y asegura el derecho del Estado a ser oído y la suspensión de la cautelar dictada si es apelada por el Estado.

Cristina afirmó que la reforma prevé la igualdad en la valoración de antecedentes para ingresar al Poder Judicial, y aclaró que los jurados "no podrán" estar integrados por los miembros del Consejo de la Magistratura.

En cuanto a los jueces subrogantes, a quienes la Presidenta cuestionó porque en muchos casos toman decisiones sobre medidas cautelares y después se declaran incompetentes, serán designados en adelante por el Consejo de la Magistratura.

"Un golpe fuerte"

La jefa de Estado también anunció que se plantea retirar la potestad a los jueces federales de designar a sus secretarios letrados. "Será un golpe fuerte: (los magistrados) no podrán designar a sus secretarios de confianza".

Al final, Cristina apuntó que se necesitan jueces "que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática", y reclamó al Congreso "un debate serio y profundo" del proyecto. (DyN-Télam)

Seis propuestas, seis polémicas

Selección
Consejo de Magistrados 

El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura determina la elección por voto popular de los integrantes del Consejo, cuando se realicen las PASO. Establece la chance de que académicos y profesionales de distintas disciplinas, no sólo abogados, sean consejeros con los mismos requisitos para ser diputado. Amplía de 13 a 19 los miembros del Consejo. Crea los concursos previos por "materia y por nivel" para la ocupación inmediata de las vacantes.

Ingreso
Exámenes y sorteos 


Proyecto de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al ministerio Público Fiscal y a la Defensa: establece la realización de exámenes de ingresos previos y, de aprobarse, los aspirantes serán incluidos en una nómina de ingresantes para participar de un sorteo anual por la Lotería Nacional para el ingreso como empleado del Poder Judicial. Se respetará todo el escalafón de la carrera judicial para llegar a cargos de más responsabilidad.

Publicidad
Las causas, en internet 


Otro de los proyectos de ley anunciados por la Presidenta es el de publicidad de los actos del Poder Judicial. A través de esta iniciativa, se dispone la publicidad obligatoria por internet de todas las causas en los distintos tribunales del país. También pide que se cree un registro público de causas. Esta iniciativa, de aprobarse, se hará extensiva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las distintas Cámaras de todo el Poder Judicial.

Acceso libre
Declaraciones juradas 


El proyecto de ley de Publicidad y de Acceso a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado establece que las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres Poderes del Estado serán de carácter público y de libre accesibilidad por internet. También modifica la ley nacional de ética pública y se suprime la comisión de ética pública, que hasta el momento nunca se conformó. Se prevé que esta obligatoriedad sea nacional.

Casación
Nuevos juzgados 


La ley de Creación de las Cámaras de Casación, de aprobarse el proyecto impulsado ayer por la Presidenta, crea tres nuevas cámaras de Casación: la Federal en lo Contencioso Administrativo; La Nacional y del Trabajo y la Seguridad Social, y la Civil y Comercial, que se suman a la ya existente de Casación Penal. Se prevé que, de aprobarse, el Poder Judicial cuente con el presupuesto pertinente para su cobertura y funcionamiento.

Cautelares
Protección al Estado 


El proyecto de Regulación de las Medidas Cautelares contra el Estado y los Entes Descentralizados prevé que las medidas cautelares contra el Estado deben estar referidas a situaciones en las que se pone en riesgo la vida o la libertad de las personas, pero no en caso de índole comercial. La medida cautelar no puede superar los seis meses. Se asegura el derecho del Estado a ser oído. Se suspenderá la cautelar dictada si el Estado la apela.

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