27 Septiembre 2009
La denuncia del Siprosa en contra de los autoconvocados por presunto abandono de persona introduce en la escena local el fenómeno de la judicialización de la protesta, por el cual hay más de 6.000 procesados en el país, en expedientes relacionados con reclamos sociales o laborales. En Tucumán, los activistas repudian que el Gobierno lleve a los tribunales las quejas que se manifiestan en la plaza. El fiscal federal Emilio Ferrer explica que él y sus pares están obligados a abrir una causa ante cada corte de ruta. El ministro fiscal, Luis de Mitri, dice que en la provincia no se impartieron instrucciones específicas. Y el fiscal de Estado, Pedro Giúdice, manifiesta que la determinación de denunciar es una decisión política.
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