27 Septiembre 2009
Cada vez que se realiza un piquete en una ruta nacional durante la primera quincena del mes, el fiscal federal Emilio Ferrer respira hondo. Sabe que recibirá un informe policial, y que deberá abrir una causa penal contra los infractores al artículo 194 del Código Penal: quienes impiden, estorban o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra.
"Es nuestra obligación. No existe ninguna intención de criminalizar la protesta social, sino que tenemos que cumplir con el mandato legal de llevar adelante la acción judicial por el principio de legalidad del sistema penal. Si no lo hacemos, cometemos el delito del incumplimiento de los deberes de funcionario público", explicó.
Ferrer aclaró que no hubo distingos entre los cortes de organizaciones sociales y los protagonizados por los dirigentes del campo el año pasado. En todos los casos, se aplicó la misma normativa.
"Hay una vieja aspiración y una vieja deuda del sistema legal argentino: que se le otorgue a los fiscales la disponibilidad de la acción por el principio de oportunidad, lo que permite descartar las causas de menor importancia. Se podrá descomprimir el fuero penal, y concentrar los esfuerzos en las causas de mayor importancia", remarcó. Las protestas, a su criterio, no están en este último grupo.
La mayoría de las denuncias judiciales termina siendo declarada nula por los jueces federales por defectos formales en la confección de las actas por parte de la Policía. El error más frecuente es la falta de firma de dos testigos ajenos al operativo, tal como establece el Código Procesal Penal para su validez.
"Es nuestra obligación. No existe ninguna intención de criminalizar la protesta social, sino que tenemos que cumplir con el mandato legal de llevar adelante la acción judicial por el principio de legalidad del sistema penal. Si no lo hacemos, cometemos el delito del incumplimiento de los deberes de funcionario público", explicó.
Ferrer aclaró que no hubo distingos entre los cortes de organizaciones sociales y los protagonizados por los dirigentes del campo el año pasado. En todos los casos, se aplicó la misma normativa.
"Hay una vieja aspiración y una vieja deuda del sistema legal argentino: que se le otorgue a los fiscales la disponibilidad de la acción por el principio de oportunidad, lo que permite descartar las causas de menor importancia. Se podrá descomprimir el fuero penal, y concentrar los esfuerzos en las causas de mayor importancia", remarcó. Las protestas, a su criterio, no están en este último grupo.
La mayoría de las denuncias judiciales termina siendo declarada nula por los jueces federales por defectos formales en la confección de las actas por parte de la Policía. El error más frecuente es la falta de firma de dos testigos ajenos al operativo, tal como establece el Código Procesal Penal para su validez.
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