Los consejos son jurídicos, pero la decisión es política

"Nosotros manejamos la parte jurídica. Como abogado, ante una consulta aconsejo jurídicamente qué se puede hacer, pero las decisiones las toman otros. Todo tiene una base legal, pero si se hace o no, pasa por otro lado", admitió el fiscal de Estado, Pedro Giúdice.
El funcionario reconoció, de este modo, la existencia de dos planos operativos dentro del Estado respecto de qué hacer con las protestas sociales: por un lado, el aspecto técnico legal que está a su cargo, donde se diseñan y se ejecutan las acciones judiciales; y, por el otro, el campo político donde se resuelve qué medida aplicar concretamente ante cada caso. Esta segunda instancia es la que define las estrategias, y donde intervienen los principales responsables del Gobierno, y en el cual José Alperovich se reserva la voz final.
Algunos de los planteos judiciales, incluso, ni siquiera pasan por Fiscalía de Estado. Esto ocurrió con la demanda penal contra los médicos autoconvocados, impulsada desde el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), en ejercicio de su potestad como entidad autárquica.
El escrito fue firmado por el abogado del Siprosa, Conrado Mosqueira, quien pidió al fiscal Alejandro Noguera que investigue si pacientes afectados seriamente por la falta de atención en los centros de salud debido al paro de los profesionales. En ese caso, se configuraría el delito de abandono de persona. Como no hay imputados, se giró el expediente (titulado "Soria, Alberto Reynaldo s/su denuncia") a la oficina de Autores Desconocidos, donde se tramitarán las pruebas consistentes en testimonios, inspecciones y análisis de documentos.