Los Valles fueron declarados área protegida

Los Valles Calchaquíes tucumanos fueron declarados ayer área protegida por la Legislatura, en toda la extensión del departamento de Tafí del Valle, para evitar que se profundice el deterioro que aqueja a esa zona.
Las disposiciones establecen que se preserven, conserven y valoricen los recursos naturales y genéticos, el patrimonio natural, histórico y cultural, y el capital cultural tangible e intangible. También determinan que se ordenen las actividades antrópicas y el uso del suelo; que se realicen acciones y actividades de preservación, conservación, protección y restauración de la naturaleza; y que se garantice el uso sustentable de los recursos y de todos los elementos del medio ambiente.
La ley establece la conformación de un Consejo Regional Permanente, con representantes de la comunidad del lugar, empresarios, comerciantes y funcionarios, que colaborarán en los programas que se desarrollen.
Los legisladores aprobaron por unanimidad el dictamen de la mayoría impulsado por el oficialismo, que deja de lado la potestad del Consejo como un órgano especial de control y administración para el cumplimiento de la ley, que quedará en manos de la Dirección de Flora y Fauna dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. En este aspecto, fue crucial la advertencia del peronista Sisto Terán, que señaló que, si se sancionaba un nuevo ente, el Poder Ejecutivo podría vetarla.
El compromiso de todas las bancadas fue revisar la norma dentro de un año, para evaluar cuál es su grado real de cumplimiento y disponer los cambios legales necesarios para garantizar su eficacia en la preservación efectiva del medio ambiente.
En tanto, se aplicará un plan complementario de manejo de la zona por 180 días, que puede ser prorrogado por otro plazo similar.

Graves problemas
Alejandro Sangenis (MP3) fue el principal defensor de la iniciativa. “Tucumán tiene graves problemas de medio ambiente; esta ley va a ayudar a la biodiversidad y a la protección de hábitat, y permitirá la investigación y la recreación de la comunidad, con políticas específicas. Vamos a implementar un sistema legal que garantice el área para un adecuado y sustentable uso del territorio y para prevenir la afectación de esta zona, que es una de las más valiosas de la provincia y un patrimonio colectivo”, resaltó.
Según el opositor, “no hay que ser un experto para ver los daños que han deteriorado el Valle, incluso en lo paisajístico, con un pronunciado deterioro cultural y con consecuencias socioeconómicas”.
“Desde hace años, se depreda sistemáticamente este tesoro de Tucumán, lo que afecta la vida cotidiana de los originarios del Tafí”, condenó, a su turno, Juan Robles (UCR). “Edifican en condiciones no aptas, cercan ríos y hasta los cerros tienen nombre por la ambición capitalista de algunos y la ineptitud del intendente Carlos Rodríguez. El permitió, incluso, el cercado de la vereda de la capilla histórica. También hay una ignorancia supina de la historia por parte del gobernador José Alperovich, que quiso construir un hotel cinco estrellas en la ruina de los cardones en Quilmes”, protestó.


Hasta fin de año, cada línea de colectivos urbanos e interurbanos deberá tener, al menos, dos unidades adaptadas para personas en silla de ruedas, con problemas severos de traslado, movilidad reducida (incluyendo a los ancianos y a las embarazadas) o deficiencias visuales o auditivas, según la ley aprobada ayer por unanimidad.
Los vehículos afectados a este servicio especial deberán ser de piso bajo, con rampas de acceso extensible o elevadores en las puertas; en su interior, se reservará un espacio del tamaño de dos sillas de ruedas (con sistema de sujeción), habrá un doble sistema de pasamanos y de pulsadores para avisar de descenso, asientos especiales y piso antideslizable.
La cantidad de colectivos adaptados crecerá progresivamente en los próximos años, hasta que la mitad del parque automotor de cada línea esté preparado para brindar este servicio.
Los legisladores dispusieron que la Dirección de Transporte sea la autoridad de aplicación de la norma, la que podrá establecer multas, suspensiones en el servicio y hasta el cese de la concesión en caso de violación de la ley. Las municipalidades fueron invitadas a adherirse a las exigencias.
En la justificación del proyecto aprobado, el peronista José Teri destacó que la iniciativa fija la equidad que necesitan todas las personas en su traslado. Por su parte, Ernesto Padilla (FR) reclamó que se rompan las barreras que impiden la integración social.
“Esta ley tiene un fin noble, que es garantizar que se adecuen los servicios públicos para todos los ciudadanos, pero la situación del servicio público de pasajeros debe ser estudiada a fondo. El estado de la mayoría de las unidades es deplorable, y los empresarios vienen pidiendo subsidios impositivos al Gobierno”, dijo José Cano (UCR).