Quitan el tope de antigüedad para "autos rurales"

El oficialismo parlamentario logró imponer ayer, a pesar de los severos cuestionamientos de algunos legisladores de la oposición, una ley que permite que trabajen como “autos rurales compartidos” los vehículos que logren pasar un examen mecánico, sin importar la antigüedad que tengan.
La iniciativa fue impulsada por los peronistas Alejandro Martínez, José Teri y Regino Amado, y por Rodolfo Danesi (CI), y modifica la ley 7.475, que creó el régimen que legalizó la actividad de lo que se conocía como “autos pirata”. La legislación original establecía que sólo podía prestarse el servicio de transporte de pasajeros, desde y hacia el interior, en coches que tuvieran una antigüedad máxima de 10 años. Superado ese límite, debían ser expulsados del sistema.

De ida y de vuelta
La propuesta sancionada ayer establece que los automóviles patentados hasta hace 15 años deben contar con un certificado de “inspección técnica”, expedido por una autoridad provincial. Y fija que aquellos autos que tengan más de 15 años (sin fijar ningún límite) deberán superar la “Revisión Técnica Obligatoria” que realizan los talleres autorizados por la Nación (en Tucumán sólo hay dos) para dar cumplimiento a las exigencias de la ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
Ernesto Padilla (FR) fue el primero en impugnar la iniciativa. “Cuando debatimos la ley 7.475, la mayoría votamos positivamente porque atendíamos una problemática social acuciante. Pero la vocación social debe tener un límite, que es el de la seguridad pública de las personas que usan el servicio. Y esa seguridad se compromete cuando bajamos la calidad técnica de los autos”, planteó el republicano. Agregó que la fatiga de los materiales de los autos viejos está lejos de ser advertida por cualquier pericia y recalcó las serias responsabilidades civiles que acarreará para la Provincia aplicar esa ley.
Para defender la propuesta, Martínez aseveró que estaba consensuada con la Dirección de Transporte y planteó que la Gendarmería estará a cargo de los controles. Argumentó, además, que la Municipalidad de la capital había modificado el Servicio Unico de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) y admitía autos de hasta 16 años de antigüedad, con lo cual no podía discriminarse a los del interior. Y sostuvo que en muchos caseríos del interior sólo hay un habitante entre 30 familias que cuenta con un auto para trasladar a sus vecinos.
“Pero si sancionamos esta ley, en dos años va a quedar sólo la mitad de esas familias”, ironizó, en respuesta, José Costanzo (FR).
Ramón Graneros (Participación Cívica) dijo, en concordancia con las otras consideraciones críticas, que son evidentes las fallas en los controles, porque a diario se topa en la ruta 38 con autos que transportan personas, pese a no que no reúnen las debidas condiciones mecánicas. Carlos Canevaro, en la misma línea, precisó que no le daban ninguna tranquilidad las autoridades de control que debían autorizar la circulación de esos coches.
Teri salió al cruce y planteó que decenas de pueblos estarían incomunicados por vía terrestre de no ser por los “autos rurales”.
“Me alegro que los oficialistas corrieran el velo y dejaran al descubierto que tenemos un Estado rico, un pueblo pobre y, en medio, una ficción televisiva”, acometió Alejandro Sangenis (MP3). “El Gobierno gastó U$S 6 millones en un avión y U$S 3 millones en un helicóptero, y aquí defienden que los Falcon 80 transporten personas en el interior. ¿Que es más importante? ¿El cielo o la tierra?”, inquirió.
Costanzo, sin éxito, pidió entonces que el proyecto volviera a comisión. La propuesta fue sancionada, con voto dividido, a las 14.57.



Con el fin de fortalecer el sistema de seguridad interior, la Legislatura convalidó ayer un convenio de asistencia y cooperación recíproca con Gendarmería Nacional. Había sido refrendado en 2002 por el entonces gobernador, Julio Miranda. Junto con ese documento se avaló, además, un acta complementaria de mayo de 2004, firmada por el entonces ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo.
El acuerdo que refrendó Miranda determina que se realizarán acciones conjuntas entre la Provincia y la fuerza de seguridad nacional para neutralizar el tráfico de drogas ilegales y delitos conexos.
Ambas partes buscarán la capacitación del personal superior y subalterno en los aspectos tácticos y en los estratégicos.
Se trabajará con los gendarmes, además, para preservar la seguridad ambiental, en el marco de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos; combatir el contrabando y los delitos migratorios y desplegar tareas tendientes a aplicar la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad.
Precisamente, el acta complementaria a ese convenio refiere excluyentemente a las tareas de prevención, control y fiscalización del tránsito vehicular y del transporte público de pasajeros y de cargas que realizará la fuerza de seguridad nacional.
De acuerdo con ese documento, Gendarmería Nacional ejercerá esa tarea en las rutas nacionales y provinciales. Pero no lo hará en los microcentros y macrocentros urbanos, que seguirán a cargo de las autoridades competentes en materia de tránsito y transporte, sea municipal o comunal.
Las actas por infracciones viales que sean labradas por los gendarmes serán remitidas diariamente a las autoridades competentes. Y Gendarmería será participada del 50% de los montos que deriven de las multas que surjan de su intervención.
En caso de que deban retenerse vehículos, la Dirección General de Transporte de la Provincia dispondrá del lugar donde se guardarán los automotores.