Un registro de Identificación Genética y de Delitos contra la Integridad Sexual comenzará a funcionar en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, tras ser creado ayer por la Legislatura.
El relevamiento alcanzará a los condenados por ese tipo de delitos y abarcará los datos personales, físicos, fecha de sentencia, monto de la pena, antecedentes y fotografías, accesibles para cualquier interesado. Además, se registrará el ADN de los abusadores, que sólo estará disponible por orden judicial, para determinar la identidad del atacante ante un nuevo hecho.
“La seguridad nos convoca para construir una sociedad que permita pensar en el futuro de nuestros hijos, al legislar sobre un delito que afecta a la honestidad de las víctimas y de sus familiares, y que genera una reprobación generalizada porque son marcas que nunca se borran”, sostuvo Daniel Heredia. El peronista aseguró que los atacantes sexuales preparan la escena de su crimen, siguen a la víctima y la atacan premeditadamente, y admitió que confía en que este registro los disuada de cometer un delito, con alta tasa de reincidencia.
El republicano Carlos Canevaro se reivindicó como autor del primer proyecto presentado en la materia, hace dos años, y lamentó el paso del tiempo. “Es necesaria la aplicación urgente de esta idea, que sólo alcanzará a las personas con sentencia penal firme y pública, no a los acusados, abarcados por el principio de inocencia. La idea es identificar para poder escrachar”, planteó.
Sin un plan general
Las disposiciones fueron relativizadas por Juan Robles (UCR). “No van a bajar los índices delictivos por arte de magia, ya que todo proyecto debe enmarcarse en un plan político de seguridad, del que carece la Provincia -advirtió-. Los crímenes se suceden día a día, pese a que esta Legislatura le dio al Ejecutivo todos los aumentos presupuestarios pedidos. Hay casos aberrantes, como los de Paulina Lebbos y de Angela Beatriz Argañaraz, en los cuales hay sólo hipótesis, mientras se criminaliza la protesta social, y no existe un laboratorio oficial en la provincia para realizar ADN, luego de que se conocieron las graves falencias que se producían en los análisis que se hacían acá”, fustigó.
Robles propuso también la creación de un registro de corruptos impunes, para lo cual mencionó los casos de Walter Ibri (facturación al Gobierno de honorarios millonarios por gestiones que no se habrían realizado), Gasnor (beneficios impositivos cuestionados judicialmente) y el intento de compra de guardapolvos con sobreprecio, o el comportamiento del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Sus dichos fueron refutados por Heredia y cuestionados en parte por Canevaro. Fue el único contrapunto al debatir el asunto. Luego, todos votaron a favor del proyecto.
El oficialista José Cúneo Vergés agradeció “las objeciones constructivas de Robles”, pero reivindicó los hechos positivos de la norma, que permitiría que los condenados (ya liberados) no se asienten en ningún barrio. “Este tema tiene mucha importancia para la comunidad y le dará herramientas para el manejo de estos delitos”, sostuvo Juan Eduardo Rojas (PJ). “Es un día glorioso: los degenerados van a tener una luz encendida que los seguirá en cada barrio y en cada escuela, donde sus fotos estarán en las paredes para que se sepa quién es el vecino”, aseveró Jorge Mendía (expulsado de la UCR).
José Cano (UCR), en cambio, advirtió que la solución de los delitos de abuso sexual pasará por una acción conjunta de la Policía, no por un registro. Sostuvo que los prostíbulos funcionan a la luz del día por la corrupción de algunos funcionarios, y que muchas personas son forzadas a ejercer esa actividad por abandono del Gobierno.
El relevamiento alcanzará a los condenados por ese tipo de delitos y abarcará los datos personales, físicos, fecha de sentencia, monto de la pena, antecedentes y fotografías, accesibles para cualquier interesado. Además, se registrará el ADN de los abusadores, que sólo estará disponible por orden judicial, para determinar la identidad del atacante ante un nuevo hecho.
“La seguridad nos convoca para construir una sociedad que permita pensar en el futuro de nuestros hijos, al legislar sobre un delito que afecta a la honestidad de las víctimas y de sus familiares, y que genera una reprobación generalizada porque son marcas que nunca se borran”, sostuvo Daniel Heredia. El peronista aseguró que los atacantes sexuales preparan la escena de su crimen, siguen a la víctima y la atacan premeditadamente, y admitió que confía en que este registro los disuada de cometer un delito, con alta tasa de reincidencia.
El republicano Carlos Canevaro se reivindicó como autor del primer proyecto presentado en la materia, hace dos años, y lamentó el paso del tiempo. “Es necesaria la aplicación urgente de esta idea, que sólo alcanzará a las personas con sentencia penal firme y pública, no a los acusados, abarcados por el principio de inocencia. La idea es identificar para poder escrachar”, planteó.
Sin un plan general
Las disposiciones fueron relativizadas por Juan Robles (UCR). “No van a bajar los índices delictivos por arte de magia, ya que todo proyecto debe enmarcarse en un plan político de seguridad, del que carece la Provincia -advirtió-. Los crímenes se suceden día a día, pese a que esta Legislatura le dio al Ejecutivo todos los aumentos presupuestarios pedidos. Hay casos aberrantes, como los de Paulina Lebbos y de Angela Beatriz Argañaraz, en los cuales hay sólo hipótesis, mientras se criminaliza la protesta social, y no existe un laboratorio oficial en la provincia para realizar ADN, luego de que se conocieron las graves falencias que se producían en los análisis que se hacían acá”, fustigó.
Robles propuso también la creación de un registro de corruptos impunes, para lo cual mencionó los casos de Walter Ibri (facturación al Gobierno de honorarios millonarios por gestiones que no se habrían realizado), Gasnor (beneficios impositivos cuestionados judicialmente) y el intento de compra de guardapolvos con sobreprecio, o el comportamiento del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Sus dichos fueron refutados por Heredia y cuestionados en parte por Canevaro. Fue el único contrapunto al debatir el asunto. Luego, todos votaron a favor del proyecto.
El oficialista José Cúneo Vergés agradeció “las objeciones constructivas de Robles”, pero reivindicó los hechos positivos de la norma, que permitiría que los condenados (ya liberados) no se asienten en ningún barrio. “Este tema tiene mucha importancia para la comunidad y le dará herramientas para el manejo de estos delitos”, sostuvo Juan Eduardo Rojas (PJ). “Es un día glorioso: los degenerados van a tener una luz encendida que los seguirá en cada barrio y en cada escuela, donde sus fotos estarán en las paredes para que se sepa quién es el vecino”, aseveró Jorge Mendía (expulsado de la UCR).
José Cano (UCR), en cambio, advirtió que la solución de los delitos de abuso sexual pasará por una acción conjunta de la Policía, no por un registro. Sostuvo que los prostíbulos funcionan a la luz del día por la corrupción de algunos funcionarios, y que muchas personas son forzadas a ejercer esa actividad por abandono del Gobierno.









