El Tribunal de Cuentas podrá ir a la Justicia

Finalmente, dos instituciones tendrán jerarquía constitucional cuando sea sancionada la futura Carta Magna de la provincia: el Tribunal de Cuentas (TC) y la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora, estos institutos dependían para su funcionamiento de meras leyes.
En la sección dedicada a los órganos de control, figurará en primer lugar el TC, que, según los convencionales, tendrá "plena independencia y autonomía funcional, y legitimación activa y pasiva en materia de su competencia". Esto último es una novedad e implicará que el TC podrá, eventualmente, demandar y ser demandado judicialmente en cuestiones relativas a su incumbencia específica.
El texto aprobado también fija con precisión que el TC dictará "su propio reglamento de funcionamiento y de procedimiento para el ejercicio de sus facultades". Además, deja en claro que "los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a jurisdicción del TC".
Los tres vocales del TC serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la mayoría absoluta de la Legislatura y, como gozarán de las prerrogativas y remuneraciones de los miembros de la Corte Suprema, serán inamovibles, permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta y serán removibles mediante juicio político. En las disposiciones transitorias se aclarará que los actuales vocales (por Miguel Terraf y Sergio Díaz Ricci) gozarán de inamovilidad.
La otra novedad es que las atribuciones del TC (son las mismas que las actuales) están enumeradas (ver "Tribunal...") y, por ende, tienen rango constitucional, algo que no sucede en otras provincias.

Diez años como máximo
En cuanto al defensor del pueblo, deberá ser designado por la mayoría absoluta de la Legislatura en sesión pública, durará cinco años (podrá ser ratificado para otro período igual) y sólo podrá ser removido mediante juicio político.
Aunque creado en la órbita legislativa (debe dar cuentas anual ante la Cámara), la Defensoría es concebida como "un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad".
El texto enuncia que el ombudsman será asistido por adjuntos, cuyo número, forma de designación y funciones serán establecidos por ley. Lo que sí aclara es que las disposiciones relacionadas con la designación y duración del defensor valdrán para las designaciones que se hagan en el futuro, con lo que se deja a salvo a Jorge García Mena.


*Tiene por misión la protección y promoción de los derechos humanos y demás intereses individuales, colectivos y difusos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales.

*Tiene legitimación procesal amplia para actuar en la Justicia.

* Para ser designado defensor del pueblo hay que reunir las mismas condiciones que para ser legislador.

* El ombudsman goza de iguales inmunidades y prerrogativas que los legisladores.


* El Tribunal de Cuentas debe efectuar el control preventivo de todo acto administrativo que implique uso de fondos públicos.

* También supervisa los procesos de recaudación de los recursos fiscales y el empleo de los fondos públicos, cualquiera que fuese su origen.

* Debe informar a la Legislatura sobre la cuenta general del ejercicio que anualmente presente el Poder Ejecutivo.

* Puede promover juicios de cuenta y de responsabilidad.