La Constituyente de 1990 debilitó los organismos de control

La ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna incluyó entre los temas que podían agregarse al texto constitucional los controles en la administración pública. Esto demuestra que el espíritu del poder constituido estaba ya impregnado de la idea de dotar a la administración pública de un control externo, independiente y, sobre todo, con rango constitucional.
Distinta fue la actitud de la Convención reformadora de 1990, que en lugar de fortalecer los mecanismos de control no hizo más que debilitarlos. Fieles ejemplos son la sustitución del 100% de los miembros del Poder Judicial, la renovación total (y no por mitades) de la Legislatura y, en especial, la omisión de dar vida constitucional a dos organismos que ya eran ampliamente conocidos, a los que no se quiso incorporar a la Ley Suprema: la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Montesquieu afirmaba: "es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él (...) y va hasta donde encuentra límites". Así, el control es el mecanismo para revisar si los límites no han sido vulnerados.
Esta idea caló hondo en los constituyentes: hubo 25 proyectos para dar rango constitucional a los institutos mencionados. La comisión de Organos de Control, que convocó a los actores del control administrativo de la provincia, trabajó de manera democrática y pluralista.