Jueces, defensores y fiscales de la Red Argentina de Justicia para la Democracia, solicitaron al presidente de la Convención Constituyente que difunda los proyectos presentados con relación al Poder Judicial. En particular, los magistrados quieren conocer cuáles son las iniciativas vinculadas a la selección y renovación de los jueces y funcionarios. También con la conformación del Ministerio Público, cuya independencia podría ser declarada por los reformistas.
Pedro Roldán Vázquez, María Poliche de Sobre Casas, Carlos Norry, Emilio Herrera Molina, Teresa Carnival y Gladys Ríos, los integrantes del Poder Judicial, defendieron su derecho a opinar. “Entendemos que los debates deben ser públicos. Son temas de nuestro máximo interés y que están prontos a resolverse en el texto de nuestra Carta Magna provincial”, consigna la nota que está en poder del presidente de la asamblea, Juan Manzur.
Los magistrados aseguraron que se sienten alertados por las declaraciones del constitucionalistas Daniel Sabsay, publicadas por LA GACETA, en las que se objetó la legitimidad del proceso por el secreto con el que se realiza el debate en las comisiones. “Como miembros de la Judicatura provincial estamos interesados en contribuir a la conformación de un Poder Judicial independiente. Propugnamos un Consejo de la Magistratura en el que no tengan preponderancia numérica los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo. De la misma forma consideramos que la remoción de los jueces debe ser realizada por un Jury de Enjuiciamiento de formación especializada y sin mayoría política”, afirmaron los magistrados por la democracia.
Pese al reclamo de los magistrados, la semana pasada la comisión de Juicio Político de la Convención Constituyente emitió su dictamen al respecto. Entre otros detalles, se sostiene la mayoría política para el Jury de Enjuiciamiento y se limita la posibilidad de pedir la destitución del gobernador y del vice al previo aval de un legislador.
La independencia y autarquía del Ministerio Público, otro de los puntos reclamados por los jueces, no figura en la agenda del debate pese a haber sido incluido en la norma que habilitó la reforma de la Carta Magna de 1990.
“La gente no cree en las instituciones y mucho menos en los representantes del pueblo, porque tenemos un Poder Judicial vacilante y temeroso, porque los fiscales de Instrucción jamás actúan de oficio y los jueces prefieren que las denuncias contra el Estado prescriban”. Así lo expresó Gumersindo Parajón, presidente de Pueblo Unido, al sostener que no existe la independencia de los poderes.
Según el dirigente, tanto la Justicia como el Poder Legislativo están subordinados al Ejecutivo. “Lo peor de todo es que tenemos una oposición resignada y complaciente con el Gobierno”, manifestó.
Pedro Roldán Vázquez, María Poliche de Sobre Casas, Carlos Norry, Emilio Herrera Molina, Teresa Carnival y Gladys Ríos, los integrantes del Poder Judicial, defendieron su derecho a opinar. “Entendemos que los debates deben ser públicos. Son temas de nuestro máximo interés y que están prontos a resolverse en el texto de nuestra Carta Magna provincial”, consigna la nota que está en poder del presidente de la asamblea, Juan Manzur.
Los magistrados aseguraron que se sienten alertados por las declaraciones del constitucionalistas Daniel Sabsay, publicadas por LA GACETA, en las que se objetó la legitimidad del proceso por el secreto con el que se realiza el debate en las comisiones. “Como miembros de la Judicatura provincial estamos interesados en contribuir a la conformación de un Poder Judicial independiente. Propugnamos un Consejo de la Magistratura en el que no tengan preponderancia numérica los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo. De la misma forma consideramos que la remoción de los jueces debe ser realizada por un Jury de Enjuiciamiento de formación especializada y sin mayoría política”, afirmaron los magistrados por la democracia.
Pese al reclamo de los magistrados, la semana pasada la comisión de Juicio Político de la Convención Constituyente emitió su dictamen al respecto. Entre otros detalles, se sostiene la mayoría política para el Jury de Enjuiciamiento y se limita la posibilidad de pedir la destitución del gobernador y del vice al previo aval de un legislador.
La independencia y autarquía del Ministerio Público, otro de los puntos reclamados por los jueces, no figura en la agenda del debate pese a haber sido incluido en la norma que habilitó la reforma de la Carta Magna de 1990.
Afirman que hay una subordinación al PE
“La gente no cree en las instituciones y mucho menos en los representantes del pueblo, porque tenemos un Poder Judicial vacilante y temeroso, porque los fiscales de Instrucción jamás actúan de oficio y los jueces prefieren que las denuncias contra el Estado prescriban”. Así lo expresó Gumersindo Parajón, presidente de Pueblo Unido, al sostener que no existe la independencia de los poderes.
Según el dirigente, tanto la Justicia como el Poder Legislativo están subordinados al Ejecutivo. “Lo peor de todo es que tenemos una oposición resignada y complaciente con el Gobierno”, manifestó.









