La crisis política que sacude a Paraguay sumó un nuevo capítulo de incertidumbre este viernes. Tras la renuncia de Santiago Peña a la presidencia, los medios del país vecino reportaron que se desconoce su paradero. Rápidamente, comenzaron a circular versiones que situaban al ahora exmandatario en la Argentina, aunque desde el Gobierno de Javier Milei salieron a desmentirlo de forma categórica.
Fuentes oficiales de la Casa Rosada aseguraron al diario La Nación que no poseen ningún tipo de información que indique la presencia del líder paraguayo en territorio argentino. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, declaró en A24 que ordenó monitorear la frontera con Paraguay y Brasil cada media hora, y confirmó que no se constató el ingreso de Peña.
La incógnita sobre el destino de Peña se instaló luego de que el medio local ABC Paraguay publicara que no se sabe dónde está el mandatario dimitido, tras haber anunciado su salida del Ejecutivo a través de un video. Esta situación ocurre en medio del escándalo financiero desatado por el colapso del Ueno Bank, entidad de la que Peña fue accionista hasta 2025. La crisis dejó a miles de clientes sin acceso a sus ahorros y obligó al presidente a autoeyectarse del poder.
Las sospechas de una posible fuga hacia la Argentina se vieron alimentadas por el reciente antecedente del excandidato presidencial brasileño, Flavio Bolsonaro, quien salió hacia Estados Unidos desde Puerto Iguazú, y contó con la escolta del asesor presidencial argentino Santiago Caputo. El vocero de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance, manifestó públicamente que desconoce el paradero de Peña, lo que encendió las alarmas.
En el Congreso paraguayo, la diputada opositora Johana Ortega, del Partido País Solidario (PPS), exigió explicaciones formales. "Mientras nosotros debatimos, en medios se está afirmando que Peña ya pisó suelo argentino", expresó la legisladora, al tiempo que reclamó: "Quiero esa aclaración".
La debacle del Ueno Bank
La grave crisis institucional en Paraguay estalló cuando el Banco Central del país vecino descubrió que el índice de solvencia de la entidad había caído estrepitosamente al 5,56%, muy por debajo del mínimo regulatorio exigido, que es del 12%.
Ese derrumbe patrimonial desencadenó un procedimiento de resolución bancaria que mantiene congeladas las operaciones.
Como consecuencia del colapso, hay ocho directivos detenidos, fondos públicos comprometidos por hasta U$S850 millones y una investigación penal en curso por presunta lesión de confianza.
Además, el caso provocó la renuncia del presidente del organismo regulador y puso a Peña en el ojo de la tormenta, al haber presentado su dimisión en medio de las acusaciones por su antigua participación en la compañía.
