La condena a prisión perpetua de los tucumanos Elvio Díaz y Carlos “Kokos” Rodríguez y del salteño Roberto Larrán por el doble crimen de dos ciudadanos bolivianos tuvo repercusiones que fueron más allá de la sentencia. Se trata de un caso que puso bajo la lupa de los investigadores los presuntos vínculos políticos del narcotráfico en Alberdi. Meses después, el municipio del sur de la provincia fue intervenido y se abrió una investigación por presunto lavado de activos que involucró al entonces intendente, una legisladora, funcionarios municipales, un concejal y un empresario.
El 10 de mayo de 2024, los cuerpos de Wilson Abdón Zutara Morales y Ariel Ledesma Salinas fueron encontrados en Colonia Santa Rosa, cerca de Orán, en Salta. Según la autopsia, las víctimas habían sido golpeadas y luego ejecutadas de varios disparos. Para muchos, por las características del caso, podía tratarse de un doble crimen vinculado con el narcotráfico.
Con el correr de los días, Tucumán apareció como uno de los principales escenarios de la investigación. Díaz era procurador y dirigente político del sur tucumano, donde incluso había llegado a ser candidato a intendente. Rodríguez, por su parte, era empleado municipal y estaba considerado como la mano derecha de José del Valle Roldán, secretario de Hacienda y uno de los funcionarios de mayor confianza de la administración del entonces intendente Luis Campos. Ambos fueron detenidos por policías salteños que habían viajado a Tucumán para localizarlos.
Al investigar los antecedentes y las relaciones de ambos, surgió que el procurador, en varias oportunidades, habría visitado en la cárcel a Roque “Colorao” Carrasán, condenado por ser proveedor de drogas de los quioscos de venta de estupefacientes del sur tucumano. También fue investigado por el doble crimen de Víctor Hugo Brito y Gonzalo Brito, registrado en marzo de 2021, en La Invernada, un caso que continúa impune. De “Kokos”, en cambio, sólo se pudo establecer que era una de las personas de confianza de los funcionarios municipales.
Pero también se conoció que Zutara Morales, una de las víctimas, había conseguido una habilitación para instalar un negocio dedicado a la venta de accesorios y reparación de celulares en un local de Crisóstomo Álvarez al 1.100, en la capital tucumana. LA GACETA descubrió que ese comercio no existía y los vecinos aseguraron que nunca lo habían visto funcionar. También se confirmó que su esposa estaba detenida en el marco de una causa vinculada con un importante cargamento de drogas.
La investigación
La fiscala María Soledad Filtrín Cuezzo inició la pesquisa. Según su teoría, los tucumanos llegaron el 9 de mayo de 2024 a Orán. Rodríguez se quedó en el hotel y Díaz se reunió primero con Larrán y después con las víctimas en una confitería.
Según la hipótesis fiscal, durante la madrugada siguiente, Zutara y Ledesma fueron a buscar a Díaz al hotel en un Alfa Romeo blanco. La acusación sostiene que Larrán salió hacia la ruta alrededor de las 2.30, que dos minutos después partieron las víctimas junto con Díaz y que Rodríguez inició el recorrido detrás de ellos a las 2.46, al volante de un Toyota Corolla.
La acusación afirma que, al llegar a la rotonda de ingreso a Colonia Santa Rosa, una camioneta gris los esperaba con las luces apagadas. El Alfa Romeo pasó por el lugar y continuó su marcha, seguido por el Corolla y luego por la camioneta. A unos dos kilómetros de la rotonda se habría producido el ataque. Las pericias permitieron establecer que las víctimas recibieron 10 disparos. Según la Fiscalía, la secuencia de movimientos y las características de la agresión demostraban que no se trató de un encuentro casual, sino de una emboscada planificada.
Los acusados tucumanos, durante el juicio, rechazaron los cargos en su contra y ofrecieron versiones para desvincularse de los homicidios. Díaz señaló que había realizado el viaje por razones laborales. Como gestor e intermediario en la compraventa de bienes, aseguró que había viajado para ofrecerles una avioneta a las víctimas.
Rodríguez también rechazó la acusación en su contra. Indicó que sólo se había ofrecido a llevar a Díaz hasta Orán para hacerle un favor. “Kokos”, según dijo desde un primer momento, pensaba utilizar los contactos del procurador para conseguir apoyo económico destinado al club Deportivo Marapa.
Una duda
La fiscala Lorena Martínez, durante el debate oral, sostuvo que se había tratado de una cruenta emboscada, pero no pudo establecer con certeza cuál había sido el móvil. En la audiencia se analizaron dos hipótesis. La principal es que el doble crimen habría estado relacionado con una operación de compraventa de dólares y una importante suma de dinero que transportaban las víctimas.
Según declaró la hermana de Wilson Zutara durante el juicio, él y Ariel Ledesma habían viajado desde Bolivia con la intención de adquirir divisas en Argentina para luego revenderlas en su país.
La investigación también incorporó una posible conexión con el narcotráfico: se analizaron conversaciones telefónicas en las que aparecían términos como “cubiertas” y “panes”, que fueron interpretados como posibles referencias a estupefacientes, además de antecedentes de una pesquisa de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) por presunto transporte de drogas.
Si bien la hipótesis económica fue uno de los ejes de la investigación, el jurado condenó a los tres acusados por su responsabilidad en los asesinatos, sin que el veredicto estableciera expresamente cuál había sido el móvil del doble crimen.
El fallo se conoció después de más de dos horas de deliberación. El jurado consideró a Díaz y a Larrán coautores de los asesinatos, mientras que a Rodríguez le atribuyó una participación primaria.
El juez técnico, Raúl Fernando López, impuso a los tres la pena de prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.
Allegados a los tucumanos aseguraron que quedaron disconformes con el fallo y que apelarán la sentencia. Así concluyó una etapa judicial de un caso que, además de terminar con tres condenas a perpetua, dejó al municipio de Alberdi en el centro de numerosas sospechas.
