El cierre del Teatro de la Paz por el peligro de desprendimientos en la estructura del edificio donde funciona también el Centro Cultural Biblioteca Alberdi vuelve a encender una alarma que San Miguel de Tucumán parece escuchar demasiado tarde. No se trata solamente de la interrupción de una actividad cultural ni de una vereda que debe permanecer vallada para evitar accidentes. Lo que está en discusión es el estado de conservación de un edificio emblemático y, con él, la manera en que la ciudad cuida su patrimonio.
La inspección municipal detectó grietas activas de hasta 20 milímetros, desprendimientos de revoque, deterioro de molduras, humedad y vegetación en la cornisa. Pero lo más preocupante no es únicamente el diagnóstico, sino sus antecedentes. En diciembre de 2024 ya se había realizado una inspección y colocado una clausura preventiva. Durante 2025 hubo nuevas notificaciones y hasta un acta de infracción por incumplimientos relacionados con el mantenimiento de la fachada. Casi dos años después, el problema sigue allí y obligó a restringir el paso peatonal.
La historia de este inmueble tiene, además, un antecedente que debería impedir cualquier indiferencia. En noviembre de 2019, parte del techo de la Biblioteca Alberdi se desplomó mientras había personas en el interior. 13 fueron atendidas por los servicios de emergencia y dos debieron ser trasladadas a un hospital. Entonces también hubo clausuras, inspecciones y advertencias. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre una señal de peligro y una solución definitiva?
La inquietud excede a la Biblioteca Alberdi. El derrumbe del ex cine Parravicini, que en 2018 provocó tres muertes, permanece como una de las imágenes más dolorosas de lo que puede suceder cuando el deterioro edilicio se convierte en una amenaza concreta. Más recientemente, el antiguo edificio del cine Edison volvió a quedar bajo la lupa después de que cediera parte de su mampostería. Son episodios diferentes, pero tienen un denominador común: construcciones con historia que llegan a situaciones críticas sin que se hayan resuelto a tiempo sus problemas de conservación.
La protección del patrimonio no puede depender de que ocurra un desprendimiento, de que alguien resulte herido o de que una inspección obligue a cerrar las puertas. Tampoco alcanza con colocar vallados, clausurar espacios o labrar infracciones. Esas medidas son indispensables para proteger vidas, pero representan respuestas ante una emergencia, no una política de preservación.
Los propietarios tienen responsabilidades que deben cumplir y el Estado debe ejercer controles efectivos, exigir reparaciones y hacer seguimiento de cada advertencia. También se necesitan mecanismos que permitan conservar inmuebles de valor histórico cuando sus costos de mantenimiento superan las posibilidades de quienes los administran.
Una ciudad que deja deteriorar sus edificios emblemáticos pierde mucho más que paredes, techos y ornamentos. Pierde espacios de encuentro, memoria e identidad. El patrimonio no se recupera con discursos ni con homenajes: se protege con mantenimiento, inversión y decisiones a tiempo.
