Resumen para apurados
- Arroyo Salgado envió a juicio oral al jefe de seguridad de Nordelta tras negarle la probation, acusado de alertar a un empresario durante allanamientos por la causa Andis.
- El comisario retirado interfirió en el operativo ordenado en 2025 al filtrar datos desde la guardia, facilitando que el dueño de Suizo Argentina evitara una requisa judicial.
- Al considerarlo funcionario público por su estado policial, la Justicia agravó los cargos y enfrentará penas de hasta seis años de prisión efectiva en un tribunal federal.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó el pedido de probation del jefe de seguridad de Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, acusado de alertar a Jonathan Kovalivker sobre los allanamientos por la causa Andis (Agencia Nacional de Discapacidad).
La magistrada consideró que el comisario retirado habría cometido un encubrimiento agravado y dispuso que enfrente un juicio oral, con una eventual pena de hasta seis años de prisión.
La jueza consideró que la conducta atribuida al imputado excedería el entorpecimiento de un procedimiento judicial por el que había sido procesado. Según su interpretación, De Vincentis habría cometido un encubrimiento doblemente agravado, tanto por la gravedad del delito precedente como por su condición de funcionario público.
La decisión modifica el escenario judicial del acusado. Hasta ahora, De Vincentis estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, delitos que contemplaban una pena máxima de tres años de prisión y permitían un juicio correccional ante un solo juez.
Sin embargo, Arroyo Salgado dispuso remitir la causa a los tribunales orales federales de San Martín, donde el jefe de seguridad de Nordelta enfrentará un juicio colegiado y una eventual condena de hasta seis años de prisión efectiva, consignó el periodista Hugo Alconada Mon, en el diario "La Nación".
Estado policial del comisario retirado
Uno de los fundamentos centrales de la resolución fue la condición de De Vincentis como comisario retirado de la Policía Federal (PFA). Para la jueza, el retiro no implica la pérdida del estado policial, que únicamente se extingue con la baja, de acuerdo con la ley orgánica de esa fuerza.
La normativa también establece que los policías retirados deben contribuir al mantenimiento del orden público, la seguridad y la prevención y represión del delito.
“No existen dudas en arribar a la conclusión” de que “la conducta reprochada a De Vincentis debe ser considerada como desplegada por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones”, sostuvo la magistrada.
De esa manera, le cerró la posibilidad de acceder a la probation, dado que el Código Penal excluye expresamente esa alternativa cuando un funcionario público participa de un delito en ejercicio de su cargo.
La jueza también señaló que De Vincentis “no actuó como un particular cualquiera” durante el allanamiento en Nordelta, sino desde “una singular posición de control”. Esa condición, según explicó, se veía reforzada por la legislación provincial que regula la seguridad privada y establece la obligación de las empresas del sector de cooperar y subordinarse a las autoridades de seguridad pública.
El acusado, defendido por Guillermo Soares Gache, excolaborador de Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad nacional en la presidencia de Mauricio Macri, argumentó que aquella noche se encontraba de licencia, que intervino por su responsabilidad funcional y que no provocó demoras en el operativo.
Sin embargo, en la causa se consideró probado que interfirió en el procedimiento. La Cámara Federal de San Martín había confirmado su procesamiento por encubrimiento simple y señaló que, posteriormente, reforzó su intervención mediante un chat interno en el que ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin autorización previa del área legal de Nordelta.
Qué ocurrió en los allanamientos
Los hechos investigados ocurrieron entre la noche del 21 y la mañana del 22 de agosto de 2025. El entonces juez federal Sebastián Casanello había ordenado allanamientos, registros domiciliarios y requisas personales sobre Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, en el barrio La Isla, dentro de Nordelta.
Los procedimientos también contemplaban el secuestro de las grabaciones de los ingresos y egresos del complejo. Los investigadores buscaban celulares, computadoras, otros dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
El comisario a cargo del operativo, Lucas Alberetti, había prohibido a los vigiladores de la garita de ingreso que alertaran a los sospechosos sobre la presencia de la Policía, con el objetivo de garantizar el éxito de los procedimientos.
Según la imputación, De Vincentis llamó reiteradamente a sus empleados. En una comunicación atendida por Alberetti, se presentó como supervisor y preguntó hacia dónde se dirigía la comitiva judicial.
A las 00.42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín recibió otra llamada de su jefe y llegó a informarle que los efectivos buscaban a los Kovalivker, antes de que le quitaran el teléfono.
Tres minutos después, Jonathan Kovalivker salió del barrio y frustró así la requisa personal prevista.
Desde Suizo Argentina, sin embargo, aclararon que el empresario no se había fugado ni pretendía escapar de Nordelta, sino que se dirigía hacia las oficinas de la droguería, donde el allanamiento había comenzado previamente. Según indicaron, esa circunstancia está acreditada en el expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
La situación en la garita también derivó en la llegada de cuatro patrulleros de la Policía bonaerense, convocados desde el área de seguridad de Nordelta bajo la supuesta denuncia de que personas no identificadas o “falsos policías” habían tomado el puesto e impedían la salida de los residentes.
Los efectivos constataron la legalidad del procedimiento judicial y se retiraron.
Los agravantes en la causa Andis
Para Arroyo Salgado, el registro posterior de la vivienda de Kovalivker “exhibió rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”.
La magistrada consideró que la gravedad del delito investigado en la causa Andis justificaba el agravamiento de la figura de encubrimiento que enfrenta De Vincentis.
En ese expediente se investiga la presunta conformación de una asociación ilícita que habría cobrado sobornos a droguerías para distribuirlos entre intermediarios, agentes del organismo, como Diego Spagnuolo, y altos funcionarios del Gobierno.
En ese esquema, Suizo Argentina habría funcionado como “el canal” de los pagos ilegales.
A la gravedad de ese delito precedente, la jueza sumó la condición de funcionario público que atribuyó al jefe de seguridad de Nordelta, en función de su estado policial y las obligaciones legales que conserva como comisario retirado.
