Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de "absurdo"

Es el segundo magistrado que recusa la entidad tras desplazar a Yane Mana en el pleito por el balance 2025; la cúpula denunció que se ordenó investigar diez ejercicios societarios y la jueza retrucó que intentan violar la garantía del juez natural.

Sigue la polémica en torno a la Asociación de Magistrados de Tucumán. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Sigue la polémica en torno a la Asociación de Magistrados de Tucumán. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero 03 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Asociación de Magistrados de Tucumán recusó hoy a la jueza que investiga irregularidades en sus balances por un chat de WhatsApp, planteo que ella calificó de absurdo.
  • Es el segundo magistrado apartado por la cúpula de la entidad en la causa que audita diez ejercicios societarios, tras haber logrado previamente el desplazamiento de Yane Mana.
  • La magistrada advirtió que la maniobra busca vulnerar el principio de juez natural, profundizando la crisis institucional en los tribunales tucumanos.
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La causa judicial por las cuentas y la administración de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) sumó una nueva y explosiva controversia procesal: la conducción de la entidad recusó con causa a la titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la XI° Nominación, Inés Yamuss, quien a su vez rechazó de plano el planteo y elevó las actuaciones a la Cámara de Apelaciones para que defina si debe seguir o no al frente del expediente.

La embestida de la cúpula directiva se produjo pocas horas después de la inspección judicial en la que Yamuss obligó a la institución a entregar los extractos bancarios del ejercicio 2025 bajo la amenaza directa de incurrir en el delito de desobediencia a una orden judicial (artículo 239 del Código Penal). Se trata del segundo apartamiento que intenta forzar la AMT en este mismo juicio iniciado por la jueza Ana María Iacono: ya a principios de octubre la asociación había apartado mediante una recusación sin causa al juez de la I° Nominación, Pedro Yane Mana, luego de que este les diera un plazo de 48 horas para exhibir los libros bajo apercibimiento de secuestro.  

La presentación de la AMT, firmada por el letrado Luis Alejandro Medina en representación de la Comisión Directiva que encabezan la jueza de Cámara Marcela Ruiz y el vicepresidente Jorge Jakobsen, invocó el artículo 111 inciso 10 del Código Procesal Civil y Comercial (haber emitido opinión extrajudicial o dado recomendaciones) y la doctrina de la imparcialidad objetiva. El eje central del reproche radica en lo sucedido durante la mañana del pasado 27 de octubre. Según la entidad, a las 7.39 fueron notificados por WhatsApp de una diligencia presencial fijada para las 8.30 en la sede asociativa con apercibimiento penal. Ante ello, la defensa ingresó por el sistema informático SAE un pedido de suspensión a las 8.27 alegando indefensión y falta de plazo razonable. 

La asociación denunció que, mientras ese recurso aguardaba resolución formal, la directora de la Oficina de Gestión Asociada (OGA) N° 2, Cecilia Chelala, le escribió por WhatsApp al abogado Medina a las 8.30 anticipándole: "Dr la medida no será suspendida". Cuando el letrado le contestó que esperaría el decreto de la magistrada, la funcionaria remató a las 8.38: "Solamente le transmito lo que la dra yamuss me indica".

Para la AMT, el hecho de que la jueza rechazara la suspensión formalmente en la audiencia varios minutos después demuestra que "la decisión jurisdiccional aparece exteriormente como preexistente al debate" y prueba que "una incidencia fue resuelta extraprocesalmente".  

La advertencia penal y la acusación de pesquisa oficiosa

En su escrito de 16 páginas, la directiva de la AMT cuestionó con dureza los términos con los que Yamuss modificó la medida cautelar previa, señalando que la jueza abandonó su rol de árbitro imparcial. El apoderado Medina sostuvo que conminar a la conducción, al contador Sebastián Abaca y a la revisora de cuentas Adriana Giannoni con el artículo 239 del Código Penal "excede ostensiblemente el marco de un apercibimiento procesal ordinario, pues importa la formulación anticipada de un juicio de reproche respecto de la eventual adecuación típica de una conducta futura, cuestión propia del ámbito penal y ajena a la competencia propia del proceso civil en trámite". 

Según la presentación, en un litigio patrimonial la falta de prueba acarrea consecuencias procesales y no imputaciones delictivas prematuras. Asimismo, la asociación denunció que el juzgado avanzó en una pesquisa inquisitiva prohibida por el artículo 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, que veda las averiguaciones de oficio para ver si las personas llevan libros arreglados a derecho. "La Sra. Jueza ha dejado de preguntarse si la actora tiene derecho a lo que pide y ha comenzado a investigar a la demandada por cuenta propia, más allá incluso de lo que la actora solicitó", acusó la defensa, reprochando que se hayan exigido constancias y libros que abarcan hasta una década atrás -como las actas desde 2016 o el libro de bancos en blanco desde 2017- cuando el juicio promovido por Iacono versa de manera estricta sobre la nulidad de la asamblea ordinaria del 23 de abril de 2026, donde se aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025. 

La respuesta de Yamuss: del principio de no contradicción a la defensa del juez natural

La contestación de la jueza Yamuss, emitida el 1 de noviembre, fue categórica en desestimar la causal invocada. La magistrada sostuvo que no incurrió en ninguna actividad extrajudicial y que no puede responder por mensajes de terceros. En un tramo de fundamentación conceptual y filosófica, recurrió al principio de no contradicción formulado por Aristóteles para graficar la inconsistencia del planteo de la AMT: "Una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido (...). Es decir, no puede ser válidamente verdadera que la suscripta esté desarrollando una audiencia desde las 8.30; acto jurisdiccional, en el proceso judicial y al mismo tiempo, desarrollándose la audiencia (8.38) emitir una opinión extrajudicial". Explicó que la audiencia era un acto procesal único, público y continuo, que fue grabado y transmitido por Zoom, donde la propia presidenta Marcela Ruiz estaba conectada y donde el escrito ingresado a las 8.27 fue visualizado en pantalla compartida y rechazado con fundamentos.   

Yamuss remarcó además que la resolución que fijó la audiencia había sido depositada legalmente en el casillero digital a las 00.01 del día 27 y que el mensaje por WhatsApp enviado por la oficina judicial a las 7.39 fue un canal complementario para garantizar el derecho de defensa y la conectividad. La magistrada advirtió que la AMT sabía que el acto se estaba llevando a cabo a las 8.30 y que la manifestación de la directora de la OGA de que la audiencia no se suspendía obedecía sencillamente a que ya estaba en pleno curso. "La vía utilizada pretende exclusivamente vulnerar el derecho constitucional al juez natural, al sostener que quien suscribe al mismo tiempo cumplió actuaciones judiciales y extrajudiciales", concluyó la jueza, advirtiendo que de admitirse que cualquier decisión desfavorable a una parte justifique apartar al magistrado, el instituto de la recusación se desnaturalizaría como herramienta de presión. Respecto al apercibimiento penal, le recordó a la institución que debió haberlo cuestionado por los recursos procesales pertinentes y no mediante una recusación.  

El doble frente contra la conducción: balances opacos y elecciones suspendidas

Este nuevo incidente contra la jueza de primera instancia se inserta en un escenario complicado para la cúpula de la AMT, acorralada en dos frentes simultáneos. En el ámbito contable, la demanda de Iacono -precedida por reclamos de la vocal Marcela Tejeda- expuso graves anomalías administrativas constatadas en la sede asociativa: el libro de Bancos sin asientos desde mayo de 2017, planillas de contabilidad informales en Excel con agregados manuscritos, facturas de medicina prepaga (OSDE y Swiss Medical) con nóminas de personas físicas anexadas, y comprobantes sin respaldo formal como un recibo por $6 millones por comida. A ello se sumaron las intimaciones extrajudiciales del juez penal Gonzalo Ortega que exigió explicaciones por $22,7 millones gastados en cafetería en 2024 y convenios durante los años en que la Dirección de Personas Jurídicas dictaminó que la entidad estuvo acéfala; reclamos que terminaron con el portazo de Ortega, quien retiró formalmente su pedido de reafiliación denunciando que la resistencia de la conducción a rendir cuentas le provocaba "vergüenza ajena".  

En paralelo, el frente político electoral sufrió un revés el pasado 29 de octubre, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común (a través de las juezas Florencia Natalia Presti y María Soledad Monteros) ordenó la suspensión cautelar total de las elecciones que estaban fijadas para el 3 de diciembre. La Alzada hizo lugar al amparo de la camarista laboral de Concepción, Malvina Seguí, frenó el cronograma y la confección del padrón al advertir que la maniobra de la directiva de computar cuatro años de antigüedad a 50 funcionarios judiciales ("socios adherentes") desde su ingreso fáctico en 2021 -y no desde octubre de 2025, cuando recién entró en vigencia legal la reforma del estatuto- alteraba de forma ilegítima el cuerpo electoral de 200 magistrados e invalidaría el comicio. Con las urnas congeladas y los extractos bancarios del 2025 secuestrados en el juzgado, la Cámara Civil deberá ahora pronunciarse sobre este nuevo intento de la AMT de correr a la jueza Yamuss, en una causa donde los magistrados continúan litigando entre si.

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